Por Redacción —
Tras las elecciones de 2025, se reavivó el debate sobre la legalidad y el uso político de la licencia municipal después de que dirigentes como Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Pablo Petrecca (Junín) optaran por pedir licencia a sus intendencias para asumir como senadores provinciales, en lugar de renunciar a sus cargos.
La Ley Orgánica de las Municipalidades regula claramente esta situación, estableciendo que la licencia es una figura válida siempre que el Concejo Deliberante del municipio apruebe el pedido. Esta legislación, contenida en el Decreto-Ley 6769/58 y modificada por la Ley 14.248, permite al intendente ausentarse temporalmente sin perder su cargo, conservando el derecho a retornar si así lo desea.
En cuanto al procedimiento de reemplazo, el Artículo 15 de dicha ley establece que ante cualquier vacancia definitiva —ya sea por renuncia, fallecimiento, destitución o ausencia prolongada— el cargo debe ser cubierto por el primer candidato a concejal de la lista electoral con la que fue electo el intendente.
Este mecanismo salvaguarda la continuidad institucional, al tiempo que respeta la voluntad popular. Sin embargo, el uso de la licencia, que sólo contempla una ausencia temporal, requiere el aval del Concejo Deliberante para ser válido.
En la práctica, Petrecca y Montenegro solicitarán formalmente licencia desde el 10 de diciembre para asumir sus bancas en el Senado bonaerense. En Junín, la vacante la ocupará Juan Fiorini, primer concejal de la misma lista; en General Pueyrredón, será sucedido por Agustín Neme, presidente del bloque oficialista y también primer concejal por su partido.
Ambos casos están sujetos a la aprobación del órgano deliberativo local, que debe validar la licencia conforme a las normas vigentes.
Por otra parte, la sucesión en Berazategui tras el reciente fallecimiento del intendente Juan José Mussi demuestra la aplicación estricta de la ley frente a una baja definitiva. Allí, el cargo fue asumido por Carlos Balor, ex Secretario de Obras Públicas y primer concejal electo en 2023, siguiendo la normativa al pie de la letra.
Aunque desde algunos sectores se critica que el uso de la licencia funcione como una maniobra política poco transparente para mantener posiciones, desde la perspectiva legal está plenamente contemplada y garantiza la estabilidad institucional y el respeto por el voto popular en la Provincia de Buenos Aires.
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