Temporada en alerta
Por Redacción —
General Madariaga se encuentra en medio de una disputa tras la apertura de una nueva estación de servicio YPF en el cruce de rutas 74 y 11. El foco de la controversia radica en que el Gobierno local, encabezado por el intendente Esteban Santoro, denunció que en los precios del combustible se refleja la tasa vial del 3% que corresponde a Pinamar, un municipio vecino.
Desde la intendencia de Madariaga señalaron que la estación de su distrito exhibe un cuadro tarifario idéntico al de Pinamar, a pesar de que, por normativa, los precios en Madariaga deberían ser más bajos. “Esta situación genera una preocupación legítima. El precio final que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente en nuestro territorio”, destacaron las autoridades locales, enfatizando el reclamo.
Según reportó el medio local Central de Noticias de Madariaga, los concesionarios de YPF en Pinamar manifestaron su malestar ante el presidente de la empresa, Horacio Marín, durante la reapertura de una estación móvil en la zona de la Frontera. Allí explicaron que sus ventas sufrieron una caída significativa debido al traslado de turistas que prefieren recorrer unos kilómetros más para abastecerse a menor costo en la nueva estación de Madariaga.
Desde la sede de YPF en Puerto Madero aclararon que la igualación de precios obedeció a una decisión interna y que la libertad de mercado permite “empatar” valores aunque existan diferencias en las tasas municipales. No obstante, Madariaga exige ahora aclaraciones formales para determinar si la diferencia obtenida se destina a Pinamar o si forma parte de los beneficios de la nueva estación.
Este conflicto resulta relevante dado que la mayoría de los vecinos asocia el precio del combustible directamente con la municipalidad, aunque en realidad más del 90% de la carga tributaria proviene de impuestos nacionales y provinciales.
Las estadísticas oficiales indican que el reparto de la recaudación impositiva asigna entre un 65% y 70% a Nación, de un 25% a un 30% a las provincias, y entre un 5% y un 10% a los municipios, este último a través de tasas urbanas y de seguridad e higiene.








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