Temporada en alerta
Por Redacción —
Pinamar enfrenta una nueva controversia tras el dictamen judicial que prohíbe el uso de vehículos motorizados en los médanos de La Frontera, uno de los espacios más frecuentados por cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTV durante la temporada turística de verano.
La resolución emitida por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores surge a partir de un amparo que señala la repetición de accidentes graves y la insuficiente supervisión en la zona. En consecuencia, la medida judicial establece la suspensión inmediata de todas las actividades motorizadas recreativas en esta área costera del partido de Pinamar, incluyendo competencias, pruebas de destreza y cualquier maniobra riesgosa con vehículos como cuatriciclos, motos y camionetas.
Este fallo se originó luego de un accidente ocurrido el 12 de enero, cuando un UTV colisionó con una camioneta, dejando a un niño de 8 años, Bastián, gravemente herido. El hecho impulsó la presentación judicial y generó un debate sobre los riesgos asociados a estas prácticas en un sitio turístico tan concurrido.
Frente a esta decisión, el intendente Juan Ibarguren manifestó su rechazo rotundo y anunció que el municipio apelará la sentencia. Para él, la prohibición total de estas actividades es una medida poco razonable y perjudicial para el sector turístico local.
Ibarguren defendió las tradiciones vinculadas al manejo de vehículos todo terreno en La Frontera, enfatizando su relevancia como parte de la cultura local y su contribución significativa al empleo y la economía durante la temporada estival, que atrae a miles de visitantes a Pinamar.
Además, el jefe comunal aclaró que el problema radica en quienes no respetan las normas de seguridad y adelantó que la gestión municipal se orienta a reglamentar y sancionar severamente a los infractores, en lugar de eliminar la actividad responsable y segura.
La cautelar fue solicitada por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y exige que el municipio establezca regulación, vigilancia y, si fuera necesario, restrinja actividades que puedan comprometer la seguridad, la salud pública y el orden en la zona.
Mientras se tramita la apelación, la prohibición permanece vigente y las autoridades locales junto a las fuerzas de seguridad han reforzado los controles para evitar acciones peligrosas en los médanos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún genera opiniones divididas entre residentes y turistas.
Este conflicto pone en tensión el equilibrio entre la seguridad pública y las libertades recreativas dentro de un contexto turístico, con sectores que piden regulaciones estrictas para prevenir futuros accidentes y otros que alertan sobre el impacto negativo que restricciones tan severas tendrían en la economía y la identidad cultural veraniega de Pinamar.








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