Acusan al intendente Passaglia por incumplir orden judicial y afectar el ambiente en San Nicolás

Una denuncia penal contra Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, fue presentada esta semana ante el Ministerio Público Fiscal local, por la presunta desobediencia de una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Además, se le imputan los delitos de abuso de autoridad, daño ambiental y violación de deberes de funcionario público.

Esta acusación proviene del abogado Ulises Gabriel Godoy y está vinculada a la causa “Asociación Civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA) c/ Provincia de Buenos Aires – Municipalidad de San Nicolás s/ Inconstitucionalidad”, que tramita en la Secretaría de Demandas Originarias del máximo tribunal bonaerense.

El 12 de mayo de 2023, la Suprema Corte dictaminó la suspensión de varios artículos del Código Urbano Ambiental aprobados por la ordenanza 9.949/19, además de ordenar la clausura de obras en ejecución en zonas afectadas, incluyendo los puentes y accesos a las playas denominadas “Barranquitas” y “El Arenal”. Asimismo, se estableció el retiro inmediato de maquinaria y equipos utilizados en esos trabajos.

No obstante, según la denuncia, las obras en la costanera continúan desarrollándose sin interrupciones. El denunciante afirma haber constatado en enero la presencia de movimiento de suelo y descarga de escombros en las orillas del arroyo, con maquinaria pesada operando incluso durante el día. Para respaldar sus afirmaciones, Godoy aportó fotografías y videos con fecha y geolocalización, junto a copias de las resoluciones judiciales que ordenan la paralización de los trabajos.

El abogado advierte que el municipio estaría llevando a cabo un plan masivo de relleno, arrojando hasta 300 camionadas de escombros en la zona ribereña, lo que podría ocasionar un daño ambiental irreversible.

En su presentación, Godoy solicitó al fiscal interviniente que ordene con urgencia una medida cautelar para que se suspenda “el inmediato cese de toda actividad de relleno” en el área, fundamentando que el bien jurídico protegido —el ambiente— está en riesgo de sufrir perjuicios severos y difíciles de remediar.

El próximo paso estará en manos del Ministerio Público Fiscal, que decidirá si avanza con la investigación. De confirmarse que el Ejecutivo municipal desoyó intencionalmente una orden de la Suprema Corte, la situación judicial de Passaglia y otros funcionarios podría agravarse, con posibles consecuencias penales.