Passaglia enfrenta críticas por exponer y denunciar públicamente a menores infractores en San Nicolás

El reciente suceso de vandalismo juvenil en la costanera baja de San Nicolás desató un importante debate político y legal en la provincia, luego de que el intendente Santiago Passaglia adoptara una postura sumamente contundente y polémica tras la difusión de un video que mostraba a seis menores dañando las escalinatas del paseo público.

Los hechos tuvieron lugar el lunes por la noche. A raíz de que las imágenes se viralizaron rápidamente, Passaglia utilizó sus redes oficiales para expresar su enojo y dejar clara su postura: “Sabemos quiénes son estos pendejos, dónde viven y quiénes son sus padres”.

Además, el intendente difundió un informe policial en el que, a pesar de tratarse de menores, se compartieron datos que permitirían su identificación, una acción que suscita polémica al aproximarse a una posible violación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Cabe resaltar que Passaglia aprovechó la situación para impulsar la reducción de la edad de imputabilidad a 13 o 14 años, iniciativa que el Congreso Nacional discutirá esta semana, respaldada por el gobierno de Javier Milei.

En respuesta, la oposición local, liderada por la concejala Cecilia Comerio de Fuerza Patria y responsable del Puerto, criticó fuertemente al intendente: “Rechazo cualquier acto vandálico, pero también rechazo a un intendente que prefiere el castigo mediático en lugar de asumir la responsabilidad institucional. Necesitamos menos marketing punitivo y más políticas reales en favor de la niñez”.

Mientras tanto, el oficialismo de San Nicolás mantiene la postura de que los padres de los menores involucrados deberían asumir los costos de reparar los daños al patrimonio público. Sin embargo, expertos en derecho juvenil advierten que la exposición pública de estos niños —algunos apenas con 8 años— por parte de la máxima autoridad local podría derivar en acciones legales contra el municipio, pues los menores están protegidos por el marco legal vigente y proyectado, que los considera no imputables.