Inversión bonaerense
Por Redacción —
Esta semana, el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires se vio envuelto en una nueva controversia tras una serie de denuncias presentadas en el programa de Santiago Cúneo. La investigación apunta a un mecanismo administrativo que autorizó masivamente la instalación de radares y cámaras en rutas estratégicas que conducen a la costa atlántica, donde el partido de Mar Chiquita aparece como un actor clave en este esquema que ya costó el cargo al exministro bonaerense Jorge D'Onofrio.
Según documentos dados a conocer, el distrito dirigido por el intendente Walter Wischnivetzky fue incluido a través de resoluciones firmadas en un tiempo notablemente reducido. Especial atención merece una disposición del 28 de diciembre que habilitó el uso de equipamiento para la detección de infracciones gestionado por empresas privadas. Para los denunciantes, la rapidez en aprobar estas medidas y la proximidad a la temporada alta resultarían estratégicas para maximizar la recaudación en verano, aprovechando el aumento del tránsito turístico.
💥 Denuncian presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas en la costa bonaerense. Un informe televisivo mencionó resoluciones para operar en municipios como Mar Chiquita y General Pueyrredon y cuestionó el funcionamiento del sistema que administra las infracciones. pic.twitter.com/D86xq1z7ZT
— grupo periodismo (@grup_periodismo) March 12, 2026
La situación en Mar Chiquita se agrava en el marco de la megacausa que investiga a Jorge D'Onofrio, quien renunció a fines de 2024 tras múltiples denuncias. Recientemente fue procesado y embargado por $350 millones debido a investigaciones por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, vinculadas a un esquema denominado "borramultas" y prácticas irregulares en la VTV.
La Justicia sospecha que D'Onofrio encabezaba una red que involucraba a jueces de faltas y empresarios, incluidos miembros de CECAITRA, encargada de desviar fondos provenientes de las multas de tránsito. Entre los elementos de la investigación destaca una camioneta Audi Q8 de lujo inscrita a nombre del testaferro Facundo Asensio, presuntamente para ocultar patrimonio ilegal.
La nueva denuncia no solo pone en cuestión la legalidad de varios radares, algunos móviles y sin señalización adecuada, sino también el importante volumen de dinero que mueve este sistema, estimado en unos $2.600 millones mensuales generados solo en territorio bonaerense.
Por otra parte, el informe también cuestiona al Ministerio de Transporte provincial por el desempeño del sistema SACIT (Sistema Único de Administración de Infracciones). Debido a la saturación provocada por la gran cantidad de multas, se planteó una auditoría tecnológica con un presupuesto de $990 millones. Se investiga si las empresas seleccionadas para esta tarea mantienen vínculos familiares con funcionarios del mismo Ministerio, lo que configuraría un conflicto de intereses.
Es importante destacar que Mar Chiquita no es el único municipio en la mira; la denuncia también menciona escenarios similares en Punta Indio, Dolores, Exaltación de la Cruz y General Pueyrredon. Sin embargo, la ubicación estratégica de las cámaras en rutas turísticas convierte a estas zonas en verdaderas "fuentes millonarias" para la recaudación.
Hasta el momento, el Municipio de Mar Chiquita no se ha pronunciado respecto a las acusaciones que lo señalan como parte de una red destinada a la "caza" de conductores. Mientras tanto, los usuarios de las rutas provinciales multiplican las quejas contra las multas, que consideran arbitrarias y parte de un plan sistemático para financiar actividades políticas mediante sanciones de tránsito.
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