Tasas y debate
Por Redacción —
El ambiente político en Moreno se ha visto sacudido por una nueva controversia luego de que el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) presentara un polémico proyecto que busca imponer la realización obligatoria de exámenes toxicológicos a todos los funcionarios de alta categoría del municipio liderado por la intendenta Mariel Fernández.
Esta propuesta, encabezada por la concejala Ingrid Flessa y respaldada por el diputado provincial Ramón “Nene” Vera, contempla la aplicación de rinoscopias y análisis de orina con la finalidad de detectar el uso de sustancias ilegales. El proyecto abarca desde la misma Intendenta hasta secretarios, directores, coordinadores, autoridades de entes descentralizados como el IMDEL y el IDUAR, jueces de Faltas y a los propios miembros del Concejo Deliberante.
Según Vera, un referente importante del sector libertario de la región, "se trata de una iniciativa sencilla pero fundamental que busca asegurar idoneidad y ética pública. Aquellos responsables de tomar decisiones que impactan en la vida de miles de vecinos deben hacerlo con claridad y transparencia". El propósito principal es garantizar que quienes ejercen cargos públicos cumplan con condiciones físicas y mentales aptas para su función.

El proyecto detalla un riguroso protocolo para realizar estas pruebas: los exámenes se efectuarían en hospitales públicos o clínicas privadas con convenio, donde se tomarían dos muestras (denominadas A y B), ambas firmadas y selladas. En caso de un resultado positivo, el funcionario afectado tendría derecho a solicitar una contraprueba en un plazo de diez días hábiles, acompañada por un perito.
Desde el banco libertario destacan que el consumo de drogas ilegales es incompatible con el ejercicio de cargos públicos y que esta medida aspira a elevar el nivel ético en un municipio con marcadas problemáticas sociales. Aunque propuestas similares han sido presentadas anteriormente en la provincia de Buenos Aires, su introducción en Moreno, un feudo del Movimiento Evita, seguramente enfrentará fuerte oposición del oficialismo local, que frecuentemente califica estas iniciativas de "persecución" o "estigmatización".
Por el momento, la propuesta será remitida a las comisiones del Concejo Deliberante, donde el partido oficialista de Mariel Fernández posee la mayoría. No obstante, los representantes libertarios confían en que la presión social y el debate público sobre la transparencia obliguen a los diversos sectores a definir una posición clara sobre el control de adicciones en los cargos de mayor responsabilidad municipal.








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