Radicalismo exige que la Boleta Única no se utilice como moneda de cambio en debates electorales

En medio de las negociaciones que realizan oficialismo y bloques libertarios para vincular la implementación de la Boleta Única con la posibilidad de reactivar las reelecciones indefinidas, el radicalismo marcó una postura clara. El diputado marplatense, Diego Garciarena, presidente de la bancada UCR–Cambio Federal, enfatizó que esta discusión no puede interpretarse como un parche legal para facilitar la permanencia de los intendentes en sus cargos, sino que debe ser parte de una reforma estructural profunda.

Garciarena sostuvo que la movida de Kicillof y un sector de la oposición para reabrir este debate es una distracción de los problemas urgentes que enfrenta la Provincia. "No podemos cambiar leyes basándonos en la coyuntura política", advirtió, y destacó que la prioridad actual debe estar en la crisis de IOMA, la inseguridad y el deterioro de las rutas.

El legislador del radicalismo planteó que cualquier modificación relacionada con la permanencia en el poder debería contemplarse dentro de una reforma constitucional orientada a fortalecer la autonomía municipal, una deuda histórica para la provincia. Esto permitiría a los distritos tener un mayor control sobre sus recursos y normativas, otorgándoles más independencia en su gestión.

Actualmente existe una fuerte presión para modificar la ley, ya que si no se hace ningún cambio, más del 60% de los 135 intendentes -de todas las fuerzas políticas- quedarían inhabilitados para participar en las elecciones de 2027 y buscar un nuevo mandato.

Garciarena, alineado con el Foro de Intendentes Radicales liderado por Maximiliano Suescun, expresó su apoyo al modelo de la Constitución Nacional que establece ejecutivos con mandatos limitados para preservar la alternancia, mientras que los legisladores mantienen mandatos liberados para conservar la experiencia parlamentaria necesaria.

Más allá del debate electoral y la disputa partidaria, el bloque de Garciarena se mantiene enfocado en iniciativas que afectan directamente a los ciudadanos, tales como proyectos para lograr la autarquía financiera de IOMA, la regulación del juego online mediante controles biométricos para prevenir la ludopatía infantil, y la implementación de la Boleta Única de Papel sin que sea objeto de negociación política.