Seguridad en crisis
Por Redacción —
Después de un prolongado receso caracterizado por tensiones políticas, las cámaras de la legislatura provincial bonaerense se preparan para reiniciar su labor en una semana clave, con el fin de estructurar su funcionamiento interno antes del 1 de marzo, fecha en la que el gobernador Axel Kicillof presentará su discurso ante la Asamblea Legislativa. No obstante, la disputa por el manejo de fondos y la agenda parlamentaria mantiene en suspenso numerosos acuerdos.
El martes 24 de febrero, la Cámara de Diputados abrirá la sesión centrada en la definición de las comisiones permanentes. Se espera determinar la composición y presidencias de las 47 comisiones, un paso esencial para que los proyectos puedan avanzar dentro del circuito parlamentario.

Entre los temas pendientes de tratamiento desde finales de 2025 se encuentran la regulación de las apuestas online y diversas propuestas para la prevención de la ludopatía, cuestiones con impacto social y económico que demandan pronta definición.
A pesar del interés por avanzar, la interna dentro del oficialismo persiste, entorpeciendo la selección de candidatos y priorizando la disputa por cargos sobre la agenda legislativa.
Por otro lado, la Cámara de Senadores está convocada para sesionar el jueves 26 de febrero. En esta instancia, la vicegobernadora Verónica Magario intenta mediar ante las diferencias que generan una profunda división en el peronismo respecto al reparto de funciones.

Destacan los sectores vinculados al cristinismo y La Cámpora que promueven a Sergio Berni para la jefatura de bloque y a Mario Ishii para la Vicepresidencia 1°, mientras que el espacio cercano a Kicillof pugna por la continuidad de Ayelén Durán y busca controlar áreas administrativas.
Además, la negociación abarca la Secretaría Administrativa (actualmente en manos de Roberto Feletti), la Prosecretaría Administrativa (ocupada por Martín Di Bella) y la vacante de la Secretaría Legislativa, tras la muerte de Luis Lata.
En medio de este contexto, la oposición manifiesta su descontento por las dilataciones en la toma de decisiones, advirtiendo que la parálisis oficialista obstaculiza el tratamiento de leyes esenciales en ámbitos social, fiscal y presupuestario.








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