Procesan y embargan a Diego Spagnuolo por $200 millones en caso de corrupción en ANDIS

La investigación judicial que inició hace seis meses sobre la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) alcanzó un punto crítico esta semana. El juez Sebastián Casanello confirmó que durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, se estableció una estructura criminal destinada a defraudar al Estado a través de contrataciones fraudulentas.

De acuerdo con el procesamiento de 19 involucrados, el centro de la trama delictiva se focalizaba en la manipulación de fondos del programa Incluir Salud, orientado a la atención médica de los sectores más vulnerables. La investigación reveló compras con sobreprecios en medicamentos y servicios, donde parte del excedente era retornado como sobornos a funcionarios.

El exdirector Diego Spagnuolo es señalado por favorecer los intereses de laboratorios privados mientras ejercía el máximo control en la Agencia. Junto a él, fueron procesados su segundo al mando, Daniel Garbellini, y empresarios como Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, directamente vinculados al sector farmacéutico.

La justicia impuso a Spagnuolo un embargo por más de 200 millones de pesos para resarcir el daño patrimonial ocasionado. Para Casanello, el exfuncionario lideró un esquema en el que "operadores externos y autoridades máximas actuaron mancomunadamente contra el interés general", demostrando una conducta negligente y corrupta.

Este fallo se presenta en un contexto de gran tensión en la provincia de Buenos Aires, donde se denunciaron usos irregulares de los padrones de Incluir Salud con fines políticos por parte de dirigentes libertarios en la Sexta Sección Electoral.

La confirmación judicial de una red de corrupción institucional en la ANDIS pone en tela de juicio la transparencia en el suministro de insumos a hospitales y centros de atención en Buenos Aires.

Desde la Casa Rosada han intentado distanciarse de Spagnuolo, quien fue apartado de su cargo en agosto de 2024 tras las primeras denuncias. Sin embargo, el fallo de Casanello subraya que esta red operó bajo la estructura actual de gobierno, afectando directamente a personas con discapacidad que dependen de estos servicios.