Nuevas tarifas de luz y gas impactarán al AMBA desde febrero de 2026

El Gobierno nacional oficializó las nuevas tarifas de electricidad y gas natural para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comenzarán a aplicarse a partir del 1° de febrero de 2026, incluyendo incrementos en el costo de distribución y un esquema de bonificaciones focalizadas.

Mediante una publicación en el Boletín Oficial, las actualizaciones tarifarias fueron formalizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la Secretaría de Energía. Esta medida se enmarca en la política de reducción progresiva de subsidios energéticos por parte del Ejecutivo nacional.

En relación al gas natural, el ENARGAS aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas a través de la Resolución 48/2026. Las facturas reflejarán de manera explícita el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas, calculado conforme a los lineamientos del Plan Gas.Ar. Las bonificaciones correspondientes al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se aplicarán exclusivamente sobre este PAU, sin considerar precios derivados de compras externas fuera del plan.

Respecto a la energía eléctrica, el ENRE autorizó aumentos en el costo de distribución para las principales empresas del AMBA: un incremento del 2,91 % para Edesur y del 2,98 % para Edenor en comparación con enero de 2026. Estas subas fueron definidas mediante mecanismos automáticos de actualización basados en índices de precios.

El actual esquema de subsidios mantendrá bonificaciones sobre un consumo base de 300 kWh durante los meses de verano e invierno, y 150 kWh en períodos de menor demanda. Además, para este año se incorpora una reducción extraordinaria adicional de hasta un 25 % sobre dicho consumo base, con posibilidades de ajustes periódicos.

Desde la Secretaría de Energía destacaron que la implementación del Precio Anual Uniforme para el gas tiene como objetivo mitigar fluctuaciones bruscas en las facturas relacionadas con la estacionalidad. En términos generales, las actualizaciones apuntan a garantizar la sostenibilidad económica de los servicios públicos y a focalizar los subsidios en los sectores más vulnerables de la población.