Por Redacción —
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un importante paso este jueves al oficializar dos resoluciones emitidas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, esperadas con expectativa por las principales distribuidoras eléctricas de la región. Mientras que las empresas dedicadas al conurbano - EDENOR y EDESUR - recibieron una asignación millonaria, las del interior provincial - EDELAP, EDEA, EDEN y EDES - también se vieron beneficiadas, aunque desde otra perspectiva.
La primera norma, la Resolución 918/25, fechada el 11 de septiembre, ratifica un acuerdo entre el gobierno de Axel Kicillof y EDENOR para el pago de aproximadamente 17,69 mil millones de pesos. Paralelamente, EDESUR recibirá $7 mil millones bajo un esquema de pagos fraccionados en tres cuotas trimestrales que comenzarán en diciembre de 2025.
Lo particular de estos consensos es que surgen a raíz de un fallo administrativo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Según consta en la documentación, el organismo debía comunicar a las distribuidoras el nuevo esquema de tarifa social aplicado por la Provincia, sin embargo, el aviso se realizó con retraso, provocando que entre junio y julio de 2024, las facturaciones se basaran en subsidios antiguos.
Frente a esta situación, una opción era repercutir el ajuste en los consumidores de manera retroactiva, lo que hubiese afectado directamente a hogares con vulnerabilidad social y económica. Por ello, la Provincia decidió absorber, de forma excepcional, la diferencia económica mediante un esfuerzo financiero adicional. En total, la administración Kicillof destinará cerca de 25 mil millones de pesos para corregir este error sin que el costo llegue a los usuarios finales.
En paralelo, la Resolución 921/25 oficializó un acuerdo con las distribuidoras que operan bajo jurisdicción provincial, sin que implique desembolso directo de dinero, pero que representa un respiro para estas compañías y para la propia Provincia.
Las autoridades decidieron suspender el cobro y la ejecución de multas impuestas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA). Además, postergaron la acreditación a usuarios de sanciones relacionadas con deficiencias en el servicio desde junio de 2017 hasta seis meses después de aplicar el nuevo cuadro tarifario derivado de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), proceso que se inició el año pasado.
Según los funcionarios de la Provincia, la intención es mitigar la presión sobre los flujos financieros actuales con los que cuentan las distribuidoras para su operación y mantenimiento. En ese marco, las empresas convinieron en detener las acciones legales y arbitrales previamente iniciadas contra la Provincia relacionadas con estas multas, buscando un clima de colaboración y estabilidad.
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