Más de 100 clínicas y sanatorios privados interrumpirán de manera programada la atención a afiliados de PAMI el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. La suspensión no alcanzará a las emergencias con riesgo de vida, pero afectará consultas programadas, estudios ambulatorios y cirugías previstas.
La medida fue anunciada por cuatro entidades nacionales: la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), Salud Federal y Clínicas de la Patagonia, que representan en conjunto a más de un centenar de establecimientos.
El reclamo apunta a la actualización de los aranceles. Las cámaras señalaron que, entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la inflación acumulada fue del 241,8%, mientras que la cápita que abona PAMI subió un promedio nominal del 110,55%. Según sus cálculos, la diferencia oscila entre el 100% y el 131% y pone en riesgo la sustentabilidad de las prestaciones.
Los prestadores también cuestionan el esquema contractual vigente. Aseguran que los topes para realizar prácticas, las derivaciones a hospitales públicos que ya están saturados y las dificultades financieras complican el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Desde la obra social, conducida por Esteban Leguízamo, afirmaron que el diálogo continúa y que ofrecieron una recomposición parcial de aranceles para algunas prácticas. Esta semana también está prevista una reunión técnica. Para las cámaras, la propuesta no compensa el atraso acumulado.
PAMI brinda cobertura a casi seis millones de personas. Las entidades sostienen que el sector privado concentra el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de las camas disponibles en el país. Advirtieron que, sin una recomposición acorde con los costos, se agravarán las dificultades para garantizar la atención.
Las cámaras sumaron un reclamo institucional que, aseguran, sigue sin respuesta. El 14 de septiembre pidieron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el respaldo de más de 30 asociaciones regionales. Buscan tratar una reforma tributaria y la regularización fiscal de unas 5.000 instituciones. Hasta el momento, no recibieron una convocatoria.
