El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, prepara un proyecto de ley para desregular la intermediación inmobiliaria eliminando la obligatoriedad de la matrícula profesional. La medida, confirmada tras una reunión con el funcionario, tensa la relación con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), que iniciaron gestiones para preservar sus privilegios corporativos.
El proyecto, que deberá pasar por el Congreso, propone transformar la colegiación en voluntaria. Pero la resistencia de los sectores concentrados del mercado inmobiliario expone un debate central: si la desregulación es una apertura a la competencia o una amenaza a derechos consolidados.
El argumento principal de COFECI y FIRA es que la matrícula obligatoria garantiza “seguridad jurídica”. Jorge Alberto Pighin, referente de la federación, afirmó que “el 95% de las estafas proviene de personas que no tienen matrícula”, dato sin respaldo documental y que los propios registros judiciales contradicen.
Mientras los dirigentes insisten en su rol de control, la provincia de Buenos Aires acumula escándalos con profesionales colegiados como protagonistas:
- La Plata: Una megaestafa ligada a loteos ilegales afectó a más de 700 familias. El presidente del Colegio local defendía la matrícula como escudo antifraude mientras el delito se perfeccionaba bajo su órbita.
- Mar del Plata: El Colegio de Martilleros mantiene activos a profesionales procesados por lavado de dinero, y su sede fue escenario de subastas judiciales fraudulentas.
- Buenos Aires: Existen investigaciones por asociación ilícita contra firmas inmobiliarias y fiduciarias integradas por colegiados, con más de una década de maniobras bajo la mirada de las entidades que hoy claman por mantener el monopolio.
Estos casos exponen que la matriculación obligatoria no fue garantía para los bonaerenses. Por el contrario, los colegios funcionaron más como barreras para el acceso al mercado que como organismos de protección al consumidor.
“El mercado sufre una hiperregulación tendiente a la cartelización”, denuncian profesionales independientes, afectados por normas como la prohibición de tener más de una oficina, el límite geográfico de 25 kilómetros, la imposibilidad de usar marcas comerciales o la restricción para contratar colaboradores mediante figuras previstas en el Código Civil y Comercial.
Frente a este panorama, la reforma que impulsa Sturzenegger genera interrogantes sobre si la respuesta es aniquilar toda regulación o construir un sistema más transparente, con reglas claras pero sin los privilegios que hoy defienden las corporaciones del sector.
