El Gobierno nacional volvió a correr el cronograma de actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Mediante el Decreto 1126/2026, la suba pendiente que debía regir desde el 1° de octubre fue trasladada al 1° de noviembre. Se trata de una nueva postergación de un ajuste que acumula incrementos diferidos de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.
La decisión, que vuelve a modificar la normativa de 2025, mantiene durante octubre los montos impositivos vigentes para naftas y gasoil. De esta manera, el componente tributario no se sumará al precio desde este jueves, tal como estaba previsto originalmente. Sin embargo, el alivio para los consumidores es relativo: la medida no establece un congelamiento de los valores de surtidor.
De hecho, el decreto deja en manos de las petroleras la posibilidad de modificar los precios finales. Los factores que pueden incidir van desde el valor del crudo y el tipo de cambio hasta los biocombustibles, la logística o las políticas comerciales de cada empresa. En otras palabras, la postergación fiscal no impide que las estaciones de servicio actualicen sus pizarrones.
Tampoco hay certeza sobre cómo se aplicará el incremento acumulado en noviembre. El texto oficial no confirma que todo el ajuste pendiente vaya a trasladarse en una sola vez. El Ejecutivo ya postergó sucesivamente el cronograma y podría volver a modificarlo antes de la nueva fecha, evitando que el impacto tributario se refleje en los precios en un contexto de alta sensibilidad social.
Para los consumidores, el efecto inmediato es que no habrá una suba impositiva adicional al comenzar octubre. Pero los valores finales deberán verificarse en cada estación, y los descuentos bancarios o de billeteras mantienen sus propios días, topes y condiciones. La incertidumbre, mientras tanto, sigue siendo la regla: el ajuste está postergado, pero no eliminado.
La medida del Gobierno nacional se da en un marco de política económica que prioriza la desregulación de los mercados. Al diferir el impuesto pero no intervenir sobre el precio final, el gobierno libertario evita un aumento de origen tributario pero habilita a las empresas a trasladar otros costos a los surtidores. Para el bolsillo de los trabajadores, la "no suba de impuestos" no garantiza que el litro de nafta no sufra nuevas actualizaciones.