Municipios bonaerenses enfrentan fuerte tensión financiera por sueldos y aguinaldos

Un grupo creciente de municipios en la Provincia de Buenos Aires transita un final de año extremadamente complicado, con las finanzas al límite y una marcada inquietud sobre la capacidad para cumplir con el pago de salarios y el medio aguinaldo correspondiente a diciembre.

Esta situación es consecuencia de una combinación adversa de factores: una notable desaceleración en la recaudación local debido al enfriamiento de la economía, un incremento en la morosidad en el pago de tasas municipales y una creciente demanda social que tensiona los servicios de salud y asistencia en las comunas.

Además, a esta problemática local se suma el escenario provincial. Los intendentes denuncian el impacto negativo de la millonaria deuda que la Nación mantiene con el gobierno de Axel Kicillof, que asciende a más de $12 billones, afectando la coparticipación que reciben los municipios.

Por su parte, la administración de Axel Kicillof incluyó una declaración de emergencia económica provincial hasta 2026 en el proyecto de Presupuesto que se debate en la Legislatura. Este contempla un endeudamiento por USD 3.035 millones, con un fondo especial del 8% destinado para las comunas.

Seis municipios ya atraviesan estado de emergencia

• Azul: En emergencia desde 2024, prorrogada en septiembre. La gestión de Nelson Sombra mantiene salarios municipales congelados y un recorte del 15% en sueldos políticos, aunque el déficit sigue siendo alarmante.
• Villa Gesell: La emergencia fue declarada en abril por el intendente Gustavo Barrera, quien criticó la "asfixia económica" por parte de Nación.
• 9 de Julio: La intendenta María José Gentile decretó la emergencia en julio, afectada también por recientes inundaciones.
• Guaminí: Emergencia decretada en mayo, con congelamiento de sueldos y reducción de horas extras.
• Tapalqué: El intendente Gustavo Cocconi firmó la emergencia el 29 de octubre para lograr una "optimización administrativa".
• General Guido: Igual fecha, con el intendente Carlos Rocha declarando la emergencia, incorporando recortes en horas extras y un 10% menos en sueldos políticos.

Sin embargo, son mucho más las comunas afectadas. En General Madariaga, el intendente Carlos Santoro redujo salarios de funcionarios; en Adolfo Alsina, el Concejo autorizó un descubierto de $1.030 millones para garantizar pagos. En Saavedra-Pigüé, el intendente Matías Nebot impuso una baja del 13% en salarios políticos y estatales.

En Olavarría, la caída en la construcción y en el "impuesto a la piedra" impacta en la recaudación; en Rojas, la oposición alerta sobre un déficit de $3.600 millones; y en Ramallo, el intendente Mauro Poletti solicitó una prórroga para presentar el presupuesto, afectado por la judicialización del cobro de tasas a Ternium Siderar.

Frente a esta fragilidad financiera, se han producido movimientos políticos. El Foro de Intendentes de la UCR, que reúne a 27 jefes comunales, mantuvo una reunión con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

El reclamo fue contundente: "Se requiere un análisis exhaustivo de la situación financiera y la cancelación urgente de las deudas que la Provincia mantiene con los municipios", destacaron. Entre los pedidos figuran fondos adeudados del IPS, retrasos en pagos de IOMA y financiamiento para los Juegos Bonaerenses.

Maximiliano Suescun, presidente del Foro, alertó que "muchos municipios se encuentran en una realidad de extrema vulnerabilidad financiera". Los intendentes solicitaron anticipos de fondos y mecanismos de financiamiento extraordinarios para afrontar gastos corrientes esenciales.