Conflicto de gestión
Por Redacción —
El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una crisis prolongada cuya raíz profunda radica en la compleja disputa por la distribución de subsidios. Actualmente, mientras continúan las negociaciones paritarias, las principales empresas de colectivos presionan para que el Estado retome el esquema de pago basado en la cantidad de unidades, en lugar de mantenerse en el modelo que remunera según la cantidad de pasajeros transportados. Esta modificación afectaría notablemente la frecuencia y el mantenimiento de las flotas.
Hasta ahora, el denominado "subsidio a la oferta" permitía a las empresas percibir ingresos fijos incluso si sus colectivos circulaban con pocos pasajeros. Este sistema incentivaba la expansión sin planificación, donde la prioridad era aumentar kilómetros recorridos para justificar los pagos. En contraste, un modelo centrado en la demanda recompensa a los operadores que mejor atienden al usuario, motivando inversiones en tecnología y comodidad.
Uno de los casos más polémicos es el de la empresa DOTA, que recientemente fue señalada por irregularidades en la gestión de subsidios al gasoil por un monto aproximado de 30 millones de dólares entre 2022 y 2024. Este episodio es utilizado por sectores críticos para ilustrar los riesgos de retroceder hacia mecanismos opacos. Precisamente, intereses corporativos vinculados a estas prácticas buscan frenar los avances en transparencia y regulación.
Garantizar un transporte público eficiente y responsable es fundamental para mejorar la calidad de vida en las ciudades. En este sentido, la Resolución 45/2024 representó un avance importante para corregir desequilibrios estructurales del sistema. Sin embargo, la fuerte resistencia de las cámaras empresarias amenaza con desestabilizar estos logros. Mientras no se desmonte de manera definitiva la compleja red de intereses corporativos, la mejora real del servicio seguirá siendo una asignatura pendiente para millones de bonaerenses.








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