Cambios en el Gabinete
Por Redacción —
Tras las recientes elecciones nacionales del 26 de octubre, que favorecieron a la fuerza política del presidente Javier Milei, las dificultades que genera su modelo económico persisten en la sociedad argentina. Jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y clases medias continúan sufriendo los efectos de un ajuste económico que se traduce en recesión, fuerte caída del consumo y las ventas, pérdida de empleo y una creciente sensación de angustia y desesperanza.
Valoro que el presidente haya dejado atrás los insultos a quienes piensan distinto, pero su responsabilidad va mucho más allá: consiste en gobernar para todos los argentinos, respetando la Constitución, el federalismo y defendiendo el interés nacional. El pueblo, en dos años, decidirá si cumplió con este compromiso.
En esta nueva etapa de su gestión, su cambio de tono es perceptible, pero aún es imprescindible confrontar la realidad. Su estrategia económica basada en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada para controlar precios ha fracasado. Aunque los aportes de capitales como los de Scott Bessent hayan calmado temporalmente los mercados financieros, esto no soluciona las dificultades cotidianas que enfrenta la mayoría de los argentinos. Cabe recordar que el recurso a este "salvataje" económico se debió a que su propio plan había llevado a la economía y a la sociedad casi al colapso. Esta realidad exige mayor humildad y menos triunfalismo.
Además, la injerencia inédita del expresidente Trump en la política argentina, con amenazas explícitas hacia el pueblo, supone un capítulo vergonzoso para la democracia del país. La llegada del emisario estadounidense Barry Bennet para dirigir la campaña y el gobierno, si bien pudo contribuir a calmar los mercados y mejorar resultados electorales, se hizo a costa de la soberanía y dignidad nacional, dando lugar a compromisos poco transparentes, irreconciliables con una verdadera sociedad de beneficencia.
Le recuerdo, presidente Milei, que el apoyo externo no sustituye el respaldo del pueblo argentino. Usted suele señalar que "2 + 2 es 4", pero la suma de quienes no votaron por su fuerza y de quienes no participaron en las urnas —probablemente desalentados por frustraciones económicas y decepciones políticas— constituye una mayoría social que no lo ovaciona.
Si realmente desea fomentar el diálogo con quienes piensan diferente y buscan el bienestar común, le advierto que excluir a gobernadores que considera "enemigos" no es una buena señal. Las provincias vetadas representan a más del 40% de la población argentina y somos gobernadores elegidos democráticamente para defender los intereses de nuestros pueblos. Esta exclusión es antidemocrática y atentatoria al espíritu del federalismo.
Por ello, lo invito nuevamente a reunirnos y coordinar políticas públicas en conjunto. No espere de mí insultos ni agresiones, pero tampoco renunciaré a defender los intereses de mi provincia y las convicciones de mi espacio político. La provincia de Buenos Aires, donde reside casi el 40% de los argentinos —votantes propios y ajenos— ha sido duramente afectada por su administración. En seguridad hay recortes arbitrarios; el transporte se resiente por la retirada de subsidios que perjudica a millones de bonaerenses; y en infraestructura, obras esenciales se encuentran paralizadas. Esto se suma a la reducción de la recaudación debido a la recesión y un aumento en la demanda social.
La situación es crítica y el Gobierno Nacional no puede eludir sus responsabilidades. El ajuste fiscal que usted denomina "superávit" se construyó en gran parte sobre la ilegal retención de fondos destinados a las provincias. En Buenos Aires se eliminaron fondos clave como el Fondo de Seguridad, el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para Jubilados; se paralizaron 1.000 obras y 16.000 viviendas, entre otros perjuicios. Se adeudan más de doce billones de pesos a los bonaerenses. Este ahorro nacional ficticio se basa en recursos que pertenecen al pueblo de la provincia y a otras regiones. Buenos Aires, la más poblada y productiva del país, aporta el 40% de la recaudación nacional y recibe apenas el 7%. Esto no es austeridad, sino una injusticia estructural.
Más allá de las deudas que mantiene su gobierno con las provincias —cuestión expresada con firmeza por mis colegas en la reunión donde se me excluyó— usted plantea discutir una agenda de reformas. Estas deben enfocarse en promover un desarrollo federal con justicia social, fortalecer los intereses nacionales en un mundo complejo, y consolidar un Estado eficaz que pueda corregir las desigualdades que fracturan nuestra nación. El contenido concreto de estas reformas aún no se conoce, pero las señales emitidas por sus funcionarios y nuevos actores externos sugieren que podrían profundizar las disparidades sociales.
Las reformas anunciadas no aportan soluciones para una economía paralizada, una industria nacional en crisis ni para un pueblo que sufre. Como líder de la fuerza política que continuará siendo la principal oposición, le afirmo que se equivoca si cree que el peronismo apoyará cambios que destruyan derechos, afecten la producción y agraven la crisis social.
Una vez más, le propongo abordar estos temas —y cualquier otro que considere— con seriedad. Así como lo hice tras nuestro triunfo contundente en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, lo hago ahora luego de la elección nacional con un margen estrecho en la provincia. No todo se reduce a consignas o insultos; la campaña finalizó. Tenemos la responsabilidad de coordinar para proteger a los más afectados, reactivar la producción, fortalecer el federalismo y garantizar la justa distribución de recursos a las provincias.
Su gobierno ha desatendido obligaciones esenciales en salud, educación, infraestructura, protección laboral y alimentación; retiró medicación y asistencia a jubilados, pacientes oncológicos y personas con discapacidad. En nuestra provincia, muchos bonaerenses enfrentan crecientes dificultades para afrontar alquileres, servicios, medicinas e incluso la alimentación. Desde la provincia y los municipios intentamos responder a esta demanda creciente. Para ilustrarlo, más de 4 millones de bonaerenses reciben alimento en comedores escolares y comunitarios, y la necesidad no para de crecer.
Se requiere un Estado presente para atender esta emergencia; no puede el presidente permanecer indiferente. Imagínese qué pasaría si todos actuáramos con esa indiferencia.
Presidente Milei: los argentinos atraviesan un momento difícil. Las familias están endeudadas, los comercios vacíos, la industria paralizada y los salarios desvalorizados. Los municipios y las provincias sostienen con esfuerzo lo que el Estado nacional abandona. Su política económica está destruyendo el tejido social y productivo del país. Por eso le solicito que escuche, corrija y dialogue. No con los mercados ni las élites extranjeras, sino con la gente, con los trabajadores, empresarios y gobernadores de toda Argentina. El futuro de la nación se construye con respeto, cooperación y amor a la Patria, no con odio ni sometimiento.








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