Los precios de los combustibles en Argentina experimentan incrementos que van del 13% al 16%, consecuencia directa de la escalada del conflicto en Medio Oriente y la suba del petróleo a nivel internacional. Este panorama plantea un desafío para la gestión de Axel Kicillof y el Gobierno nacional, comprometidos con sostener la industria nacional y proteger el poder adquisitivo del pueblo frente a la presión de precios externos.
Desde las últimas semanas, el barril Brent superó los 110 dólares debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, una zona vital para el comercio energético global. Los ataques a infraestructuras claves en países del Golfo terminaron por modificar la percepción del mercado, que ya no entiende esta situación como temporal sino como un factor persistente en la volatilidad global.
En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper de YPF, empresa mayoritaria con participación estatal, incrementó su precio de un promedio de $1.738 a $1.803 en pocos días, mientras que la nafta premium (Infinia) pasó de $1.899 a $1.975. El gasoil también reflejó subas notables en esta coyuntura. Este aumento golpea especialmente al transporte público y al sector productivo, dos pilares de la política económica provincial y nacional.
Desde YPF aclararon que buscarán "amortiguar" estas subas, conscientes del impacto que generan en el empleo y la producción nacional, aunque remarcaron que el margen para contener los precios es limitado ante las variables externas. Mientras tanto, la evolución del mercado dependerá también de la estrategia que adopten otras compañías como Shell, Axion y Puma, que operan en un mercado regulado y competitivo, pero que no siempre priorizan el interés popular.
Se espera que en las próximas semanas los precios de las naftas puedan registrar aumentos adicionales de hasta 5 puntos porcentuales, en línea con la precariedad de la coyuntura internacional y la necesidad de equilibrar estímulos para la industria nacional y cuidados sociales.
En contraste, voces de la derecha liberal como Javier Milei y Patricia Bullrich no ofrecen propuestas concretas para proteger a los trabajadores ni evitar el perjuicio al sector industrial, mientras que el Gobierno busca sostener inversiones y empleo en medio de esta incertidumbre global.
