El Gobierno nacional prorrogó hasta 2049 la concesión de los 35 aeropuertos que administra Aeropuertos Argentina y habilitó la posibilidad de extender el contrato hasta 2056. A cambio, la empresa promete inversiones por US$600 millones, pero la decisión llega rodeada de interrogantes: el texto completo del acuerdo no fue difundido y se desconocen las obras que la compañía deberá ejecutar para justificar la extensión del plazo.
La concesión vigente vencía en 2038, por lo que la renegociación incorpora once años adicionales al contrato original. El segundo tramo, de siete años más, no será automático: quedará condicionado a que la firma acredite inversiones extras que deberán verificarse. De esta manera, el Estado otorga un beneficio temporal significativo a la concesionaria, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los detalles del acuerdo.
Según lo acordado, antes del 30 de junio de 2027 la compañía tendrá que presentar una auditoría internacional que demuestre que cuenta con el financiamiento necesario. Para acceder a la extensión máxima, además, deberá completar el 75% de las obras comprometidas antes del 31 de diciembre de 2031. Sin embargo, el listado de esas obras no fue dado a conocer, ni tampoco la distribución de los fondos prometidos. La promesa de inversión, de esta forma, se presenta como una condición futura sin plazos precisos ni controles definidos.
El acuerdo también contempla cerrar los reclamos judiciales entre el Estado y la concesionaria por los efectos económicos de la pandemia. La Secretaría de Transporte justificó la decisión de ampliar el plazo en lugar de aplicar aumentos tarifarios o reducir inversiones, aunque el texto completo del acta todavía no fue difundido. Esa falta de transparencia impide conocer en detalle qué beneficios concretos recibirá el Estado a cambio de la prórroga.
Para los pasajeros, el anuncio no implica mejoras inmediatas ni permite identificar qué terminales serán intervenidas. Se desconocen el listado de obras, la distribución de los US$600 millones, los plazos de ejecución y los mecanismos de control. La prórroga, en definitiva, amplía el horizonte de explotación privada de un servicio esencial sin que el Estado haya explicado con precisión qué recibirá a cambio, ni cómo se garantizará que las inversiones prometidas se concreten en tiempo y forma.
La decisión se toma además en un contexto de escasa información pública. Mientras la concesionaria asegura fondos por US$600 millones, los usuarios siguen sin saber qué obras se realizarán, en qué aeropuertos ni en qué plazos. La ampliación de una concesión de esta magnitud debería venir acompañada de mecanismos de control y transparencia, algo que hasta ahora no se ha visto.