El Senado prevé debatir este jueves el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa busca reemplazar el régimen de emergencia, vigente hasta diciembre, por una norma permanente y obtuvo dictamen en comisión con respaldo de aliados y del bloque justicialista.
La propuesta mantiene los derechos establecidos en la Ley 27.793 y les otorga carácter de legislación de fondo y de orden público. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsó el tratamiento en la Cámara alta.
El temario de la sesión se definirá este miércoles a las 15, en la reunión de Labor Parlamentaria. Allí también se evaluará sumar otros proyectos con media sanción, entre ellos el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la Ley Joaquín.
Antes, el martes por la mañana, la mesa política del oficialismo se reunirá para ordenar las prioridades de las últimas dos semanas del período. En la agenda figuran, además, la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027. La reforma electoral se debatirá ese martes a las 15 en comisión, con el objetivo de conseguir dictamen. El Gobierno espera obtener ese mismo día el dictamen del Presupuesto, que debería llegar al recinto el 25 de noviembre.
Días atrás, Bullrich confirmó que busca avanzar con la ley, frente a los planteos del Ejecutivo para extender los plazos y proponer cambios que demoraran su implementación. «Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando», sostuvo la senadora en su cuenta de X. También afirmó que el país que se está construyendo debe incluir a todos los argentinos.
La cuestión también estuvo presente durante la visita del Papa León XIV al país, que incluyó una parada en el Cottolengo Don Orione de Claypole, un espacio de referencia en la asistencia a personas con discapacidad.
Qué establece el proyecto
El texto permite cobrar una pensión no contributiva —equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio— y tener un empleo formal al mismo tiempo. Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán trabajar en relación de dependencia o como monotributistas sin perder la pensión, siempre que sus ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
La iniciativa conserva el nomenclador único de prestaciones y dispone una actualización periódica y automática de los aranceles, basada en la movilidad jubilatoria vinculada al IPC. También garantiza la cobertura de Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
En materia presupuestaria, establece que los recursos asignados por el Ministerio de Salud no podrán ubicarse, en términos reales, por debajo de los del ejercicio fiscal anterior.
Además, incorpora auditorías y cruces de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con garantías de debido proceso inclusivo.
A pedido de los bloques dialoguistas, se agregó un artículo transitorio que obliga al Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 30 días y fija un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a prestadores del sector.








