Los docentes de las universidades nacionales iniciarán este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. La medida, impulsada de manera conjunta por CONADU y CONADU Histórica, responde a la falta de respuestas concretas del Gobierno nacional frente a los reclamos del sector universitario.
El principal punto del conflicto es la recomposición salarial. Los sindicatos exigen un incremento del 33,4%, además del pago de los retroactivos correspondientes. La propuesta oficial, sin embargo, fue de apenas un 3%, una cifra que los gremios rechazaron de manera contundente. La distancia entre lo pedido y lo ofrecido evidencia la intención del Ejecutivo de continuar con su política de ajuste sobre los trabajadores de la educación.
Pero el reclamo no se agota en los salarios. El financiamiento de las universidades también está en el centro de la escena. Según los datos difundidos por los gremios, basados en cifras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el sistema universitario necesita alrededor de $11 billones para su normal funcionamiento. La proyección oficial contemplada en el Presupuesto 2027, en cambio, es de cerca de $7,4 billones. Esa brecha de $3,6 billones significa un recorte implícito que pone en riesgo la calidad educativa y el acceso a la universidad pública.
En paralelo, vence una intimación judicial para que el Ejecutivo cumpla con una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se desarrolla mientras ese plazo se agota, lo que agrega tensión a un escenario ya complejo. El Gobierno llega a ese vencimiento sin haber resuelto el problema de fondo, y la comunidad universitaria lo señala como otra muestra de desinterés por la educación pública.
Ante esta situación, la comunidad universitaria se moviliza. Organizaciones sindicales, estudiantiles y autoridades universitarias convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La convocatoria promete ser masiva, como ya ocurrió en oportunidades anteriores, cuando miles de personas salieron a las calles para defender la educación pública como un derecho y no como una mercancía.
El contraste es evidente: mientras los docentes piden una actualización salarial acorde a la inflación y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades, el Gobierno responde con ofertas irrisorias y proyecciones presupuestarias que no cubren las necesidades básicas. La educación pública, uno de los pilares de la movilidad social argentina, vuelve a estar en la mira de un modelo que privilegia el ajuste y el recorte.
El paro de 72 horas es, en ese sentido, una señal clara de que la comunidad educativa no está dispuesta a aceptar pasivamente el desfinanciamiento. La medida de fuerza, el reclamo judicial y la marcha convocada para octubre conforman un plan de lucha que buscará revertir una situación que afecta a millones de estudiantes y trabajadores de todo el país.
