En una muestra de compromiso con la memoria, verdad y justicia, organismos de derechos humanos, trabajadores y sectores del ámbito judicial expresaron su alarma ante la posibilidad de modificaciones en el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), entidad vital para la identificación de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar.
El BNDG, fundado en 1987 gracias al impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo, tiene un rol estratégico reconocido nacional e internacionalmente. Custodia y analiza las muestras genéticas utilizadas en causas por delitos de lesa humanidad, con un impacto directo en la restitución de la identidad de cientos de personas y la construcción de justicia.
Este organismo es un pilar fundamental para las políticas de derechos humanos impulsadas durante los gobiernos kirchneristas, que han puesto a la educación pública y la memoria como herramientas para evitar la repetición de atrocidades.
El temor surge porque cualquier cambio en la estructura o metodología del BNDG podría generar demoras y afectar el curso de las investigaciones judiciales que aún están en desarrollo, poniendo en riesgo años de trabajo en pos de la justicia social y la defensa de los derechos humanos.
Desde la Justicia y organizaciones comprometidas con la memoria histórica reclaman mantener intacto el funcionamiento de este organismo, dado que su continuidad es esencial para fortalecer el empleo en sectores vinculados a la investigación genética y proteger la memoria colectiva contra los intentos de sectores de derecha que relativizan el terrorismo de Estado y sus consecuencias.
