La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresó su firme rechazo a la intervención judicial ordenada por la Cámara Nacional del Trabajo, impulsando un plan de acción integral que incluye un proceso interno de normalización gremial y medidas contundentes en todo el territorio nacional.
El Consejo Directivo del gremio calificó la decisión judicial como un "ataque institucional" contra la autonomía sindical, pilar esencial para la defensa de los derechos laborales, y por ello declaró el estado de alerta y movilización generalizado en todo el país para resguardar el funcionamiento institucional y los derechos colectivos de los afiliados.
En un encuentro llevado a cabo en la sede central de la UOM, con la participación de más de dos tercios de los secretarios generales de las seccionales, se respaldó por unanimidad la resolución adoptada frente a esta intervención que desconoce la legitimidad del proceso electoral que reeligió a Abel Furlán como secretario general el pasado 18 de marzo.
El comunicado oficial del Consejo Directivo subrayó que las acciones impulsadas buscan preservar "la autonomía sindical, la continuidad institucional y administrativa de la organización y los derechos colectivos de sus afiliados".
Para garantizar el funcionamiento del gremio hasta su normalización definitiva, se designó a Daniel Daporta, secretario general adjunto y dirigente de la seccional Avellaneda, como Delegado Administrador.
Asimismo, se nombró a Emiliano Gallo como Delegado Administrador de la seccional Campana, y se conformó un equipo de representantes paritarios para mantener activas las negociaciones salariales, fundamentales para cuidar el empleo y las condiciones laborales en la industria nacional.
El sindicato elaboró también un listado de dirigentes comprometidos en sostener las negociaciones paritarias, fundamentales para defender los derechos del sector metalúrgico.
Finalmente, la UOM convocó a la realización inmediata de asambleas en fábricas y talleres nacionales para informar a la base trabajadora sobre este lo que define como un "ataque institucional" dirigido a erosionar la fortaleza del gremio y reafirmar el estado de alerta, movilización y sesión permanente.
