La Justicia dictó una medida cautelar que suspende el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal encargada de garantizar el acceso al agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta decisión frena un plan impulsado por sectores que buscan desguazar un servicio esencial y poner en riesgo la soberanía sobre un recurso estratégico.
La resolución judicial se fundamenta en cuestionamientos respecto a la legalidad y los controles necesarios para evitar daños en la prestación del servicio, consolidando así un freno importante para las pretensiones privatizadoras de la derecha liberal representada en esta oportunidad por Javier Milei y sus aliados. Mientras la medida cautelar siga vigente, el proceso de transferencia de acciones a capitales privados no podrá avanzar.
AySA fue blanco de las primeras licitaciones orientadas a vender el 90% de sus acciones, un intento que significaría desprenderse de una empresa recuperada y ampliada durante las gestiones que valoran el rol estratégico del Estado, como las que encabezaron Axel Kicillof y Sergio Massa desde distintos ámbitos.
La iniciativa privatizadora pretendía recaudar cerca de 500 millones de dólares, un monto que no refleja los verdaderos costos sociales y ambientales que este tipo de medidas implican para la población, en especial para los sectores populares que dependen del acceso de calidad al agua y saneamiento.
Desde el Gobierno nacional, afín al proyecto de fortalecimiento de la industria y servicios públicos bajo gestión estatal, aún no comunicaron la estrategia ante esta medida judicial, que pone en incertidumbre los tiempos para avanzar con reformas estatales tan sensibles para los derechos y el bienestar de la gente.
