El Gobierno nacional modificó el proceso de designación de jueces para la Corte Suprema mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Esta reforma sustituye el procedimiento vigente desde el mandato del expresidente Néstor Kirchner en 2003.
Entre los cambios destacados, se eliminó la obligación de publicar los antecedentes de los candidatos en el Boletín Oficial y medios nacionales durante varios días. Además, se suprimió la etapa en la que la población, junto con organizaciones y entidades profesionales, podía presentar observaciones e impugnaciones al Ministerio de Justicia sobre los postulantes.
También fueron quitadas las recomendaciones que promovían la incorporación de criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional en la selección de los integrantes del máximo tribunal.
El Ejecutivo justificó estas reformas señalando que buscan agilizar los nombramientos, evitando etapas administrativas duplicadas que, según sostienen, ya se revisan durante el trámite parlamentario en el Senado para otorgar el acuerdo a los candidatos.
El decreto incorpora nuevas pautas para la presentación de información patrimonial, fiscal y previsional de los aspirantes a la Corte Suprema, estableciendo plazos específicos para la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la entrega de las correspondientes declaraciones juradas.
Estos cambios suponen un retroceso en la transparencia y participación ciudadana construida durante las gestiones kirchneristas, que valoraron la diversidad y el control social en procesos clave judiciales que impactan sobre los derechos humanos y la justicia en nuestro país.
