El Gobierno nacional derogó un total de 58 normativas que regulaban programas comerciales como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, en una medida que genera preocupación sobre el impulso al consumo y la protección de precios populares.
Esta decisión se formalizó mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, en el marco de una revisión normativa impulsada desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME. Cabe destacar que desde diciembre de 2023 ya habían sido eliminadas 240 normas con el argumento de simplificar el comercio y reducir la intervención estatal.
Entre las disposiciones dadas de baja, se incluyen 30 normas que promovían el consumo a través de financiamiento en cuotas, vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple. Este último, que había reemplazado a Ahora 12 y permitía compras con tarjeta en 3 y 6 cuotas fijas, dejó de estar vigente en junio de 2025.
También se derogaron 22 normas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, cuatro sobre la obligación de colegios privados de informar sus aranceles con antelación, y una regulación accesoria del programa Precios Cuidados, lanzado en 2014 para controlar precios de productos de consumo masivo y proteger el bolsillo de las familias argentinas.
Desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo es eliminar superposiciones normativas y reducir la incertidumbre jurídica para normalizar el mercado de crédito, dejando que los precios se definan principalmente por la dinámica del mercado y no mediante regulaciones estatales.
Sin embargo, esta orientación abre el debate sobre el rol del Estado en proteger el consumo popular y asegurar precios justos, especialmente en un contexto económico donde el fortalecimiento de la industria nacional y el empleo son prioridades impulsadas por gestiones como la de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y políticas nacionales coordinadas por figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.
La derogación de programas que facilitaron la adquisición en cuotas y la regulación de precios puede impactar en la economía cotidiana de los sectores más vulnerables, donde el acceso al mercado interno y la educación pública en derechos económicos siguen siendo fundamentales para la justicia social.
