El gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo cuadro tarifario para el gas natural que regirá desde el 1 de abril, en un contexto de ajuste que impacta de lleno en los bolsillos de los hogares argentinos.
Mediante las resoluciones 371/2026 y 372/2026 publicadas en el Boletín Oficial, se aprobaron los cuadros para las distribuidoras del AMBA, METROGAS S.A. y Naturgy Ban, con tarifas diferenciadas según categoría y un esquema de subsidios focalizados que, según el Gobierno, busca “asegurar el acceso básico a los sectores vulnerables”.
Las nuevas boletas incluyen un cargo fijo mínimo de $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires para usuarios residenciales R1 sin subsidios, y de $4.416 en el conurbano. Sin embargo, para la categoría de mayor consumo (R4), el cargo fijo mensual supera los $91.000 en la capital, una cifra que pone en alerta a familias y pequeños comercios.
Según la Secretaría de Energía, en promedio las facturas de gas a nivel nacional tendrán una baja del 5,66% en abril. Esta reducción, explicaron desde el oficialismo, obedece a la caída del precio mayorista del gas en pesos –vinculada a la estabilidad cambiaria– y a la aplicación de un subsidio del 50% para los usuarios residenciales con suministro por red.
“Este descenso es producto de un esquema de tarifas ordenado, con actualizaciones mensuales que evitan atrasos”, argumentaron fuentes oficiales al defender la política de reordenamiento energético que incluye la emergencia declarada y la continuidad del programa Plan Gas.Ar.
No obstante, la letra chica del nuevo esquema enciende alarmas. La Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030 prevé aumentos mensuales consecutivos mediante índices que fijará la autoridad regulatoria, lo que podría licuar rápidamente cualquier alivio transitorio.
Los cuadros se ajustarán al Precio Anual Uniforme (PAU) definido por la Secretaría de Energía, que es el valor de referencia del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Sobre ese precio se aplicarán los descuentos correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado –en teoría– a garantizar el acceso básico a los hogares más vulnerables. Sin embargo, los usuarios que no accedan al beneficio deberán afrontar el costo pleno, en un esquema que transfiere el riesgo del precio mayorista directamente a los consumidores.
Además, se incorporan bonificaciones segmentadas y criterios de facturación para sostener el servicio en los sectores de menores ingresos, aunque sin precisiones sobre el alcance real de esa protección.
La actualización tarifaria se da en un marco de fuertes incrementos en los servicios públicos. Según datos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Partido (IIEP), en marzo un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $213.557 a la canasta de servicios públicos, con un peso importante del gasto en energía y agua. La luz, el gas y el transporte acumulan subas que erosionan el poder adquisitivo de los asalariados.
Desde el Gobierno anticiparon que en los próximos días se conocerán novedades sobre las tarifas de energía eléctrica, completando un panorama de ajustes continuos que, para muchos especialistas, contradice la promesa oficial de que la baja del precio mayorista se traduzca en un verdadero alivio para las economías familiares.
