El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei ha formalizado el inicio del proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante un llamado a licitación abierto a inversores nacionales y extranjeros.
AySA es la empresa estatal encargada de brindar servicios esenciales de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, beneficiando a millones de usuarios. La medida, por lo tanto, impactará directamente en una amplia población que depende de estos recursos.
Esta decisión refleja la línea del actual Ejecutivo de reducir el rol del Estado en empresas públicas y favorecer la entrada del sector privado en áreas estratégicas, en clara oposición a las políticas que fortalecieron la industria nacional y el acceso universal a servicios durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.
Con la puesta en marcha de la licitación nacional e internacional, se activó el proceso para la transferencia de la gestión de AySA al sector privado, bien lejos del modelo de gestión pública que prioriza derechos sociales y acceso igualitario. No obstante, aún quedan por definirse detalles esenciales como los pliegos, condiciones y plazos para el desarrollo del proceso licitatorio.
Esta avanzada forma parte de un plan más amplio promovido por el Ejecutivo de Milei para reformular y disminuir la presencia estatal en empresas públicas estratégicas. La comunidad organizada, desde sectores afines al kirchnerismo y movimientos sociales, cuestiona cómo esta privatización afectará las tarifas, la continuidad y calidad de las obras de infraestructura, y, en definitiva, la garantía del servicio público bajo una administración privada.
La puesta en venta de AySA abre un debate crucial sobre el modelo de acceso a servicios vitales para la población y revalida la importancia de defender una gestión pública comprometida con los derechos humanos y la equidad social, pilares que fueron reafirmados en las gestiones del kirchnerismo.
