La cuarta Marcha Federal Universitaria recorre todo el país en defensa de la educación pública y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, norma clave para garantizar un presupuesto acorde a las necesidades reales del sistema superior estatal.
En un contexto marcado por un severo deterioro presupuestario y la caída constante del poder adquisitivo de los docentes, la movilización une a estudiantes, autoridades universitarias, docentes y no docentes que reclaman el cumplimiento de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y ratificada contra el veto presidencial vigente actualmente bajo revisión en la Corte Suprema.
Esta ley establece la actualización anual del presupuesto universitario conforme a la inflación, la mejora en las remuneraciones de docentes y personal no docente, y el fortalecimiento de las becas estudiantiles, bases necesarias para sostener la educación pública, un derecho conquistado y un pilar para una sociedad más justa e inclusiva, tal como señala el sentir de la comunidad educativa.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela una caída del 29% en el gasto real en educación superior entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. En marzo de 2024, el salario universitario estaba un 25% por debajo de años anteriores en términos reales, mientras que el financiamiento por estudiante tocó un piso histórico.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, docentes comparten el impacto de esta crisis en su trabajo diario: una profesora destacó que la demanda central es la recuperación salarial, dado que se perdió cerca del 30% del poder adquisitivo. Otra docente detalló: "Soy docente con cinco años de antigüedad, dicto 40 horas mensuales de clases presenciales y cobro $220.000 por mes. Casi que solo alcanza para cubrir viáticos".
Esta realidad también repercute en las condiciones laborales y en la calidad educativa, con renuncias y sobrecarga debido a la necesidad de buscar ingresos adicionales. "Muchos docentes no pueden sostener el trabajo y renuncian", alertó una docente, mientras otra agregó que la situación genera "sobrecarga y mucho desgaste", limitando el tiempo para la formación continua. Se suma además la migración hacia el sector privado y la falta de reemplazos para quienes se jubilan, lo que agrava aún más la situación.
La comunidad universitaria advierte que si esta problemática persiste, peligra no solo la calidad educativa sino también la continuidad del sistema público universitario, además del desarrollo científico y tecnológico del país.
Los docentes resaltan el rol estratégico de la educación superior gratuita: en la UNLaM, el 80% de los estudiantes son primera generación universitaria, por lo que defender la universidad pública es defender un proyecto de sociedad más justo e inclusivo.
Como sintetizó un docente: "La lucha universitaria va más allá de la educación superior: es un símbolo de lo que queremos ser como país y un límite al modelo que intenta imponer el actual gobierno".
En esta jornada de movilización, miles de personas se unen en todo el país para reclamar una recomposición salarial urgente y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pilares fundamentales para sostener un sistema público que sigue siendo clave para el futuro de millones de estudiantes.
