Con 137 votos afirmativos, 111 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de glaciares que delega a las provincias mayor autonomía para autorizar proyectos mineros en zonas periglaciares, modificando el alcance de las protecciones ambientales actualmente vigentes.
El respaldo mayoritario provino de bloques como el PRO, la UCR y representantes provinciales especialmente de San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones. También votaron a favor legisladores de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz, Encuentro Federal y Provincias Unidas. En contra se pronunciaron principalmente fuerzas kirchneristas de Unión por la Patria, así como el FIT, la Coalición Cívica y algunos diputados del bloque Provincias Unidas.
Algunos diputados, por ejemplo Karina Maureira y los representantes del MID, optaron por abstenerse. Otros como Ignacio García Aresca, Pablo Yedlin, Claudio Álvarez, Alejandro Finnochiaro y Rocío Bonacci se ausentaron en el momento de la votación.
Se destacó la ausencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un hecho que fue señalado con críticas por la oposición en el debate parlamentario, junto a la presencia de figuras opositoras como Karina Milei y Diego Santilli en el palco de Diputados.
El momento de la votación estuvo atravesado por una movilización de organizaciones ambientalistas y operativos de seguridad en las inmediaciones del Congreso, donde activistas escalaron monumentos y algunos fueron detenidos, reflejando la tensión social por la modificación legislativa.
La reforma redefine los límites protegidos, restringiendo la categoría ambiental sólo a cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica efectiva y delega en las provincias la potestad para definir qué sectores quedan resguardados, un cambio que podría significar una flexibilización en la protección ambiental de estas áreas.
Legisladores de provincias con actividad minera afirmaron que esta ley modificará sustancialmente la situación actual, donde sólo cuentan con autorización de exploración algunas pocas zonas periglaciares, abriendo potencial oportunidad para la actividad minera.
Desde la oposición y sectores ambientalistas anticiparon la judicialización de esta reforma y adelantaron monitoreo exhaustivo de cada proyecto en zonas protegidas bajo la nueva normativa, como señaló Eugenia Testa, directora del CEDrculo de PolEDticas Ambientales.
Previo a la votación, la ley fue cuestionada por grupos ambientalistas y la sociedad civil en varias audiencias públicas, donde la mayoría se manifestó en contra de la modificación. No obstante, el sanjuanino José Peluc, presidente de esas audiencias, aseguró que el 70% de las presentaciones escritas apoyaban la reforma, aunque esos documentos no están disponibles para verificación pública.
