El Gobierno nacional, representando la firme postura que sostiene desde siempre el kirchnerismo, rechazó las recientes declaraciones de altos funcionarios del Reino Unido y ratificó sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, junto a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En un comunicado oficial, Argentina definió la ocupación británica iniciada en 1833 como "un acto de fuerza contrario al derecho internacional" que vulneró la integridad territorial nacional.
El texto recordó además que la Asamblea General de Naciones Unidas, con la Resolución 2065, reconoció la disputa de soberanía y exhortó a ambas partes a negociar una solución, postura avalada por organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos, el Mercado Común del Sur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Argentina rechazó contundentemente la apelación británica al principio de libre determinación, aclarando que los actuales habitantes de las islas no se encuentran reconocidos como un "pueblo" según la ONU, y por ende, no están legitimados para decidir sobre la soberanía; por eso, el referéndum de 2013 celebrado en las Malvinas fue desestimado.
El comunicado denunció actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, dirigidas especialmente a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que ejecutan el proyecto hidrocarburífero Sea Lion. Estas acciones violan normas internacionales y desconocen la soberanía argentina sobre el área, afectando la industria nacional y los derechos del pueblo argentino.
Finalmente, el Gobierno expresó su disposición a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para resolver pacíficamente el conflicto y reiteró su compromiso con la soberanía territorial. En sus palabras, el pronunciamiento afirmó: "Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas" y agradeció el constante respaldo de la comunidad internacional.
