El Gobierno nacional oficializó los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), combinando un ajuste tarifario con una bonificación del 25% destinada a usuarios residenciales, comercios e industrias, en un esfuerzo de acompañamiento social para mitigar el impacto económico.
Las resoluciones 480/2026 y 482/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicadas en el Boletín Oficial, establecen esta actualización para las distribuidoras Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A., que deben adecuar sus facturas al nuevo régimen donde se incorporan el Precio Anual Uniforme (PAU) junto con las bonificaciones otorgadas dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Este esquema tarifario, que afecta a usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se diseñó considerando el contexto social, buscando proteger especialmente a las familias de sectores residenciales y vulnerables que dependen del servicio.
Las medidas también contemplan la aplicación en períodos de facturación iniciados previamente según el Decreto 2255/92, permitiendo que las facturas reflejen valores diferenciados en función del consumo durante los diferentes momentos tarifarios, lo que garantiza transparencia y adecuación justa para los usuarios.
En paralelo, las distribuidoras tienen la obligación de informar formalmente a los subdistribuidores en sus áreas y presentar ante ENARGAS la constancia de cumplimiento en un plazo de diez días, fortaleciendo el control y seguimiento del proceso.
En particular, Naturgy Ban S.A., que distribuye en La Matanza, estableció cargos fijos de más de $1.500 para hogares de menor consumo y tarifas variables que ascienden progresivamente para usuarios con mayor demanda, contemplando también categorías comerciales, industriales y de bien público, reflejo de un esquema tarifario ajustado pero con protección.
Esta actualización se enmarca dentro del régimen vigente de revisión tarifaria con subsidios del Estado nacional, una política pública que busca equilibrar la gradual reducción del apoyo estatal con mecanismos de contención que cuidan a los sectores más necesitados y promueven la continuidad del acceso al servicio esencial.
