La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de neumáticos Fate en Virreyes, con el objetivo de restituir el predio a la firma de la familia Madanes Quintanilla. La medida generó una inmediata respuesta del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que encabezó una jornada de protesta en los accesos del establecimiento para manifestar su rechazo al fallo.
Los trabajadores permanecen en la fábrica desde que se anunció su cierre definitivo y el despido de 920 operarios, el pasado 18 de febrero. En ese marco, calificaron la decisión judicial como «totalmente aberrante» y anticiparon que presentarán un recurso ante la Cámara de Casación para evitar que la orden quede firme. El gremio sostiene que una disputa estrictamente laboral y colectiva no debe resolverse bajo los parámetros de la justicia penal, un planteo que pone sobre la mesa el riesgo de criminalizar la protesta social.
La representación gremial, encabezada por Alejandro Crespo, reclamó además un pronunciamiento explícito del Poder Ejecutivo bonaerense y pidió que el gobernador Axel Kicillof intervenga activamente para destrabar el conflicto con las herramientas institucionales del Estado provincial. Se trata de un reclamo directo a la Casa de Gobierno provincial en un momento en que la defensa de la industria nacional y del empleo vuelve a estar en el centro de la escena política.
La propuesta central de los operarios es reactivar las líneas de producción y resguardar la maquinaria mediante un proyecto de ley de ocupación temporaria, una iniciativa de utilidad pública que el SUTNA impulsa en la Legislatura bonaerense. Los delegados de base aseguraron que la planta tiene stock de materia prima en los depósitos y que existen condiciones técnicas para retomar de forma inmediata el ciclo industrial.
Fate es la única fabricante de cubiertas para transporte de carga y pasajeros del país. Esa condición estratégica explica por qué el conflicto de Virreyes trasciende lo local: sin producción nacional de neumáticos para camiones y colectivos, el transporte dependiente de la importación quedaría expuesto a la suba de costos y a las demoras del comercio exterior. Por eso, los trabajadores insisten en que la planta no puede ser desguazada y que existen condiciones objetivas para mantenerla en funcionamiento.
La decisión de la Cámara de Apelaciones de San Isidro se conoce en medio de la resistencia obrera y abre un nuevo capítulo en la pelea por la continuidad de la planta. Mientras los trabajadores mantienen la custodia de las instalaciones, el foco está puesto en la respuesta que pueda dar el gobernador Kicillof y en el tratamiento que la Legislatura bonaerense le dé a la iniciativa gremial. La defensa del empleo y de la industria nacional vuelve a tener en Fate un símbolo de lucha.