Mar del Plata refuerza su defensa legal para mantener el control de Punta Mogotes frente a Kicillof

La gestión de Guillermo Montenegro dio un nuevo impulso en la batalla judicial para lograr la municipalización definitiva del complejo de Punta Mogotes. En respuesta al intento del Gobierno bonaerense de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el equipo legal de Mar del Plata solicitó que se rechace dicho recurso, fundamentando que no hay una "gravedad institucional", sino una disputa procesal entre jurisdicciones.

El Municipio apunta a contrarrestar la estrategia de la Fiscalía de Estado bonaerense. Según el gobierno local, la discusión actual gira en torno a qué juez debe intervenir en el caso (competencia judicial) y no sobre el fondo del asunto, por lo que consideran que la Corte Suprema no debería tomar intervención en este momento.

Además, rechazan las acusaciones del Gobierno Provincial que sugieren parcialidad por parte de los jueces marplatenses y cuestionan el intento de sacar el caso de la justicia local. El Municipio reafirma que la deuda histórica fue saldada en 2024 mediante un depósito judicial, lo que, según ellos, extingue el acuerdo previo de administración compartida.

El conflicto se intensificó tras el lanzamiento por parte de la administración de Axel Kicillof de un "Concurso de Ideas" para la renovación del área, acción que el Municipio señala como un desconocimiento a las restricciones judiciales que mandatan mantener el estado actual. Desde el entorno de Montenegro aclaran: “La Provincia intenta nacionalizar un conflicto netamente local para ganar tiempo”.

Ambos gobiernos enfrentan un plazo límite importante: diciembre de 2026, cuando vencen las concesiones de la mayoría de las unidades balnearias del lugar.

En caso de imponerse la Provincia, planea relicitar las áreas bajo su administración con un modelo orientado hacia un turismo social y cultural. En contraste, si gana el Municipio, Montenegro busca incorporar Punta Mogotes a la estructura urbana, eliminando las estructuras de concreto y abriendo permanentemente el espacio público.

La resolución queda ahora en manos de la Suprema Corte Bonaerense, que decidirá si permite que la Nación intervenga en el caso o si confirma que la disputa por las emblemáticas carpas y sombrillas de la provincia seguirá tratándose en los tribunales de Mar del Plata, específicamente en la calle Brown.