Por Redacción —
El Ejecutivo nacional presidido por Javier Milei oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en los municipios bonaerenses de Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. La medida fue establecida mediante la Resolución 1776/25 del Ministerio de Economía y estará vigente desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.
Esta acción pretende aliviar las consecuencias de las severas inundaciones que mantienen saturadas millones de hectáreas, lo que ha generado un fuerte reclamo por parte de los productores debido a la falta de infraestructura adecuada.
Con esta ratificación a nivel nacional, se extiende la medida previamente adoptada por la provincia, permitiendo a los productores afectados acceder a beneficios concretos como exenciones fiscales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y créditos preferenciales para financiamiento con tasas de interés reducidas.
Cabe señalar que esta intervención es la segunda en pocos meses por parte del gobierno nacional, luego de ratificar la emergencia en diez distritos al inicio de octubre. Sin embargo, dirigentes y productores bonaerenses consideran insuficientes estas medidas paliativas, haciendo énfasis en la urgencia de ejecutar obras de infraestructura duraderas.
En sus declaraciones, Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, calificó la situación como una "catástrofe", destacando pueblos aislados, caminos rurales intransitables y una producción agropecuaria en quiebra. Estimó que aproximadamente cinco millones de hectáreas permanecen inundadas.
Mientras el gobierno nacional y el gobierno provincial se echan culpas mutuamente, hay 3 millones de hectáreas inundadas, pueblos aislados y la producción agropecuaria quebrada. Los bonaerenses siguen sufriendo y padeciendo.
— Diego R Garciarena (@dgarciarena) November 7, 2025
Necesitamos ya un plan de emergencia que atienda de una… pic.twitter.com/dSFiweEGV1
Por su parte, el diputado radical Diego Garciarena criticó el intercambio de responsabilidades entre Nación y Provincia, y demandó la puesta en marcha urgente de un plan de emergencia y una política de infraestructura planificada para aliviar la situación de los bonaerenses.
La problemática es especialmente severa en la Cuenca del Salado, que comprende alrededor del 55% del territorio bonaerense — aproximadamente 17 millones de hectáreas. El ingeniero hidráulico Claudio Velazco enfatizó la gravedad de las obras inconclusas en la región.
En este sentido, el Plan Maestro del Río Salado sigue sin completarse, a pesar de que su finalización estaba prevista para 2015. Según Kovarsky, aún restan 30 kilómetros de obras bajo ámbito nacional y otros 90 kilómetros bajo jurisdicción provincial.
Velazco también detalló que de los 710 kilómetros del cauce principal, apenas 219 kilómetros poseen obras terminadas. Durante la crisis de 2015 se evidenció un "efecto dique" en la Ruta 2, ocasionado por secciones insuficientes para el escurrimiento, reflejando los "mismos errores estructurales que se repiten en cada intervención".
Las inundaciones no solo afectan severamente la producción agrícola y ganadera, sino que además provocan graves problemas sociales, como la interrupción de la escolaridad de niños y la dificultad para que ambulancias y otros servicios esenciales lleguen a las zonas aisladas.
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