El Gobierno flexibiliza la regulación de las tarifas en colegios privados

El Ejecutivo nacional dio un paso significativo al modificar el marco normativo que regulaba las tarifas de las instituciones educativas privadas en Argentina, una medida que impactará la gestión y la economía del sector.

Por medio del Decreto 787/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se derogó el Decreto 2417/1993, que durante más de 30 años estableció un control estricto sobre los aranceles y matrículas de los colegios privados. Esta decisión elimina la necesidad de que estos establecimientos informen y obtengan autorización estatal antes de modificar sus precios, otorgándoles mayor autonomía para gestionar sus finanzas.

El texto oficial argumenta que la normativa previa "presentaba limitaciones y requisitos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza a las condiciones económicas y educativas actuales del país". Destaca que el sistema original respondía a una estructura educativa centralizada que hoy ha cambiado debido a la descentralización de competencias a las provincias.

Asimismo, el decreto señala que este cambio normativo busca fomentar un ambiente más favorable para la administración de las instituciones privadas, garantizando tanto su sustentabilidad como el derecho a una educación de calidad.

Un aspecto clave del nuevo decreto es su crítica a la intervención estatal en la fijación de aranceles, que "ha tenido consecuencias adversas para el funcionamiento y la viabilidad económica" de los colegios. Se enfatiza que la obligación de informar y obtener aprobación previa restringía la capacidad de respuesta de los institutos ante las variaciones del mercado.

Además, se considera que este control afectaba a las familias, al imponerles aranceles elevados desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su libertad de elección y, en ciertos casos, derivando en la necesidad de cambiar a sus hijos a otras escuelas.

El decreto también remarca el respeto por el derecho de propiedad de las instituciones privadas, sosteniendo que deberían tener independencia para establecer las condiciones contractuales y los ingresos de su personal sin la supervisión estatal, ya que una regulación estricta podría comprometer la calidad educativa mediante su precarización.

Por último, el Gobierno instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de su Secretaría de Educación, a revisar y proponer modificaciones al Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento de la educación privada. La intención es avanzar hacia un modelo que respete la libre contratación y permita a las escuelas definir libremente sus políticas de precios y compensaciones dentro de un mercado competitivo.