Conflicto judicial
Por Redacción —
En un giro significativo en la causa que indaga al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, el diputado Luciano Bugallo solicitó formalmente el Jury de Enjuiciamiento para el juez Juan Pablo Masi. La acusación sostiene que el magistrado buscó entorpecer la investigación federal, mientras que nuevamente se destaca la participación de la sociedad FRANUTEC como un presunto instrumento de maniobras políticas y económicas en Pilar.
La solicitud formal para remover a Masi, juez de Garantías en La Plata, resurgió esta semana, reavivando el debate sobre una presunta red político-empresarial que vincula al intendente de Pilar, Federico Achával, con el entramado del escándalo en el ámbito del Transporte.

El dirigente Matías Yofe junto al diputado Bugallo han denunciado a Masi por presunto abuso de autoridad y prevaricato. Según la acusación, el juez intentó 'arrebatar indebidamente' la competencia del juzgado federal de Campana, que investiga lavado de activos, para trasladar la causa al fuero provincial, donde la investigación podría verse comprometida.
Se ha solicitado la suspensión inmediata y preventiva de Juan Pablo Masi, argumentando que sus resoluciones favorecieron la estrategia de defensa del ya procesado y embargado D’Onofrio en la justicia federal.
Simultáneamente, la denuncia de Yofe vuelve a poner en la mira la sociedad FRANUTEC, que se acusa como una estructura paralela utilizada para manipular contrataciones públicas, mediante una coordinación entre poderes políticos y estatales.

Detrás de FRANUTEC aparecen integrantes ligados a Guido Bordachar, exsecretario de Infraestructura y figura clave cercana al intendente Federico Achával, entre ellos:
Asimismo, la denuncia expone una red de influencias que explica el papel de estas sociedades en causas provinciales y municipales, destacando figuras como:
Los denunciantes sostienen que esta coordinación política y la existencia de "sociedades con nombres poco visibles", como FRANUTEC, conforman una clara estructura de corrupción que la Justicia debe investigar a fondo para evitar que estas maniobras queden protegidas dentro del fuero provincial.
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