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Orden electoral

Consecuencias de no votar en las elecciones según la Ley Electoral bonaerense

En la provincia de Buenos Aires, no votar sin justificar puede conllevar multas y registros que dificultan trámites y empleos públicos.

Consecuencias de no votar en las elecciones según la Ley Electoral bonaerense

Por Redacción

Ley Electoral
Multas electorales
Voto obligatorio
Junta Electoral
Registro de Infractores

De acuerdo con la Ley Electoral bonaerense N.º 5.109, los ciudadanos que no acudan a votar sin presentar una justificación válida enfrentan una multa que varía entre $50 y $500, tal como establece el artículo 137. Esta obligación es para todas las personas inscriptas en el padrón electoral que tengan entre 18 y 70 años.

Además de la sanción monetaria, quienes omitan votar quedarán registrados en el Registro de Infractores al deber de votar, lo que puede generar complicaciones administrativas adicionales a la multa.

Plazos para justificar la falta y causas aceptadas

El plazo máximo para presentar una justificación por no haber votado es de 60 días después de la elección. Por ejemplo, para los comicios del 7 de septiembre de 2025, la fecha límite para justificar será el 6 de noviembre de 2025.

Si no se presenta una causa válida dentro de este lapso, la multa se aplicará automáticamente y la persona será anotada en el listado oficial de infractores.

Los motivos aceptados, que deben estar respaldados con documentación, son:

  • Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.
  • Contar con un certificado médico que acredite la imposibilidad de asistir.
  • Presentar una causa de fuerza mayor.

Los trámites para justificar la ausencia o consultar al respecto deben realizarse ante la Junta Electoral, que también es responsable de emitir las constancias de pago en caso de multa.

Impacto de figurar en el Registro de Infractores

Más allá del monto de la sanción, que es relativamente bajo, lo que genera mayor preocupación son las dificultades administrativas que implica aparecer en el registro. Esto puede traducirse en obstáculos para realizar trámites oficiales y hasta en limitaciones para acceder a empleos públicos.

Según la legislación vigente, los fondos recaudados por multas se destinan al fortalecimiento de la educación común en cada distrito.

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