Argentina impulsa la privatización de importantes represas hidroeléctricas

El Gobierno nacional ha dado un paso decisivo en la privatización de activos estatales clave, al autorizar la venta de las participaciones en cuatro empresas hidroeléctricas estratégicas: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Esta disposición fue formalizada a través del decreto 564/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, mostrando así el avance en el proceso de transferencia de acciones que actualmente posee Energía Argentina (ENARSA). La gestión de la venta se realizará mediante un concurso público, abierto tanto a nivel nacional como internacional, que se espera sea "competitivo y expeditivo", con un plazo máximo de 60 días para su conclusión.

El Ministerio de Economía ha sido designado como la autoridad de aplicación de esta medida, contando con las facultades para definir las bases del concurso, incluyendo el esquema de remuneración y los anexos necesarios para su correcta ejecución.

Actualmente, la operación de las concesiones está en manos de empresas reconocidas como Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto. Estas compañías podrán continuar al frente de las hidroeléctricas si presentan una Carta de Adhesión en un plazo no mayor a cinco días. En este caso, podrán seguir con la gestión hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que el proceso de concurso se concrete definitivamente.

En caso de no adherirse, las concesionarias estarán obligadas a mantener la generación eléctrica durante un periodo mínimo de 90 días hábiles, garantizando la continuidad del servicio.

Las empresas que opten por sumarse al nuevo esquema deberán cumplir con una serie de requisitos fundamentales. Entre ellos, respetar rigurosamente los contratos de concesión vigentes, mantener una garantía de cumplimiento superior a 4,5 millones de dólares, aceptar las modificaciones establecidas en el esquema de remuneración, y realizar el pago de regalías correspondientes a las provincias de Río Negro y Neuquén.

Asimismo, estas empresas deberán presentar inventarios detallados y facilitar visitas a las instalaciones para los potenciales inversores interesados en participar del proceso.

Con esta medida, el Gobierno busca dinamizar el sector energético mediante la participación privada, procurando que se garantice una gestión eficiente y una mejora en la infraestructura hidroeléctrica del país.