El Gobierno nacional impulsa la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. La iniciativa busca garantizar la continuidad de los servicios y llega en un marco de avances en la gestión, según informó el Ministerio de Salud.
La norma, reglamentada en febrero tras una orden judicial, comprende servicios esenciales como centros de día, hogares, rehabilitación, educación terapéutica, alimentación, transporte y estimulación temprana. Se trata de prestaciones que resultan fundamentales para la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Si bien organizaciones del sector reclamaron por pagos atrasados y demoras administrativas, el Ministerio de Salud cuestiona ese diagnóstico y destaca que se está trabajando activamente en la compensación correspondiente al atraso de los aranceles de 2023 y 2024. Asimismo, el estudio para calcular el costo efectivo de los servicios sigue en proceso, un paso clave para actualizar los valores en función de las necesidades reales.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la situación de las pensiones no contributivas. En ese aspecto, la cartera sanitaria informó que se reconocieron aproximadamente 313.000 expedientes pendientes, de los cuales 15.243 ya están en la etapa final de emisión y firma del acto administrativo. Esto representa un avance concreto en la regularización de una deuda histórica que afecta a los sectores más vulnerables.
La prórroga por un año permitirá continuar con estas acciones y profundizar las políticas orientadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La emergencia nacional, renovada en este contexto, se enmarca en el compromiso del Estado por sostener y ampliar las prestaciones, a la vez que se ordena la gestión y se resuelven los reclamos pendientes.
En ese sentido, la discusión en el ámbito legislativo dará cuenta de un debate que combina la necesidad de dar respuestas inmediatas con la planificación de un sistema más eficiente. La decisión de avanzar con la extensión de la norma refleja la voluntad de no dejar desprotegido a un colectivo que requiere atención continua y de calidad.
