Quedó confirmada la privatización del 90% de las acciones de AySA, en medio de una serie de controversias que ponen en peligro la adjudicación. La oferta seleccionada fue la del consorcio encabezado por la compañía argentina Rowling SA, por u$s 340 millones. Esa cifra queda muy por debajo de los u$s 500 millones que Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Pública, había mencionado.
La diferencia no es un detalle menor: el propio oficialismo había estimado un piso de 500 millones de dólares para la venta, y terminó aceptando una oferta sensiblemente inferior. Así, el agua de millones de argentinos queda en manos privadas por un valor que ni siquiera se acerca a lo prometido por el gobierno de Javier Milei, que una y otra vez habla de "eficiencia" pero malvende los activos del Estado.
Un nuevo elemento que generó alertas es que la empresa forma parte de las firmas de infraestructura del grupo Equo Capital, que en su sección de "Logística, marketing y tecnología" cuenta con otras dos sociedades: Direct Group y Lógico.
La particularidad de estas dos firmas es que fueron aportantes de campaña de La Libertad Avanza en la sección Capital Federal, por el mismo monto ($20 millones cada una) y con un día de diferencia (28 y 29 de julio), para las elecciones legislativas de 2025. Casualidad o no, el grupo que se queda con la empresa de agua potable más importante del país es el mismo que puso plata para que Milei tenga diputados.
La advertencia fue realizada por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, y puede constatarse en la información pública de la Cámara Nacional Electoral. Los datos son objetivos y están a la vista de todos: las empresas del grupo que se queda con AySA financiaron al partido que hoy vende la empresa.
Para el kirchnerismo, esta confirmación es la prueba más contundente de lo que se viene denunciando desde el inicio de la gestión libertaria: el gobierno de Milei no desregula ni achica el Estado, lo entrega a sus financistas. La privatización de AySA no es un caso aislado: es parte de un plan sistemático para transferir los servicios esenciales a manos privadas, con la excusa de la "competencia" y la "libertad", pero en los hechos con negocios que benefician a los amigos del poder.
Mientras tanto, la sociedad queda expuesta: el agua, un derecho humano fundamental, pasa a ser un negocio. Y las sospechas sobre el vínculo entre la empresa ganadora y La Libertad Avanza ya están sobre la mesa, con la denuncia de Martello y los registros de la Cámara Nacional Electoral como respaldo.
