El acceso a la vivienda propia se ha convertido en un privilegio en la Argentina. Un informe de ONU Hábitat, presentado en el marco del Informe de Ciudades Mundiales 2026, arroja un diagnóstico contundente: una familia necesita destinar el equivalente a 22,7 años de ingresos completos para comprar una propiedad. Este dato ubica al país en el puesto 169 entre 181 naciones, una de las peores posiciones de América Latina.
ONU Hábitat es el programa de las Naciones Unidas encargado de promover los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sostenible. Su informe anual mide, entre otros indicadores, la asequibilidad de la vivienda, es decir, el esfuerzo económico que debe realizar un hogar para acceder a una propiedad. En el caso argentino, la relación es prácticamente el doble que el promedio mundial, estimado en 11,2 años.
La comparación regional deja en evidencia el atraso argentino. En Brasil se necesitan 18,3 años de ingresos para comprar una propiedad; en Perú, 19; en Venezuela, 18,9; en Colombia, 17,5; en Chile, 15,6; en Uruguay, 13,7; en Ecuador, 11,1; y en Bolivia, 10,5. Ninguno de los países vecinos alcanza los niveles de inaccesibilidad que sufre la Argentina, lo que refleja una crisis estructural que no se resuelve con medidas aisladas.
Esta situación se agrava si se considera el acceso al crédito hipotecario. Simulaciones sobre líneas del Banco Nación para adquirir una propiedad de US$100.000 indican que una familia necesita demostrar ingresos mensuales de entre $3,24 millones y $4,69 millones, dependiendo del plazo seleccionado. Estos montos resultan inalcanzables para la mayoría de los hogares, donde los salarios promedio se encuentran muy por debajo de esos valores, incluso para quienes cuentan con empleo formal.
El informe de ONU Hábitat también revela que, a nivel global, hay situaciones todavía más complejas: Siria encabeza el listado con una relación de 86,7 años de ingresos, seguida por Sri Lanka con 40,8 y China con 34,6 años. Sin embargo, el caso argentino se destaca negativamente en la región, y los datos reflejan la fuerte brecha que existe entre los salarios de los hogares y el valor necesario para alcanzar la vivienda propia.
La crisis habitacional no es un fenómeno nuevo, sino el resultado de décadas de desinversión en políticas públicas de vivienda y de un mercado inmobiliario que avanza sobre las necesidades de las mayorías. En este contexto, los datos de ONU Hábitat deberían servir como una señal de alarma para que el Estado nacional, las provincias y los municipios articulen respuestas integrales.
Garantizar el derecho a la vivienda significa ir más allá del crédito hipotecario: implica producción de suelo urbano, construcción de viviendas sociales, regulación de los alquileres y actualización de los planes de hábitat. Sin una intervención decidida del Estado, el sueño de la casa propia seguirá siendo un privilegio de unos pocos y una deuda pendiente para la mayoría de las familias argentinas.
