La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa del Gobierno nacional que, con el respaldo explícito de la derecha, busca ampliar el alcance del régimen de blanqueo de capitales aprobado a comienzos de año. La propuesta consiguió 139 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones, y ahora pasará al Senado, donde el oficialismo intentará consolidar una herramienta que favorece a los patrimonios más concentrados.
Entre los cambios centrales, se eliminan los límites económicos que regían para ingresar al régimen. Hasta ahora, podían acceder contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. Con la nueva redacción, esos techos desaparecen, lo que implica que grandes empresas y personas de altísimo poder adquisitivo podrán regularizar bienes sin restricciones, en una medida que golpea el principio de equidad tributaria. Además, los funcionarios podrán utilizar la simplificación para la declaración jurada de Ganancias, aunque quedarán excluidos del blanqueo de activos.
El proyecto también modifica el criterio de “discrepancia significativa” utilizado por ARCA. Se considerará que existe cuando se detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos igual o superior al 15%, con un piso de $5 millones. Este umbral eleva el listón para que el organismo pueda actuar, lo que debilita su capacidad de control y deja una puerta abierta a maniobras de evasión. Asimismo, se amplía hasta 15 días hábiles el plazo para rectificar una declaración jurada luego de una notificación, un beneficio adicional que otorga más margen a los contribuyentes, pero que también reduce la presión fiscal.
Durante el debate, el oficialismo sostuvo que la iniciativa permitirá simplificar el cumplimiento tributario y reducir sanciones, mientras que sectores de la oposición cuestionaron la flexibilización de los controles fiscales y la falta de claridad sobre el origen de los fondos. La propuesta fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, una coalición que, una vez más, demuestra su alineamiento con los intereses de los grandes contribuyentes y en contra de una política fiscal progresiva.
En la misma sesión, Diputados también dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo 144 votos a favor y 102 en contra. Entre otros puntos, la iniciativa busca impedir los adelantos transitorios del BCRA al Gobierno nacional y establecer restricciones a otras formas de asistencia financiera. Esta medida, impulsada por el oficialismo, limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas, lo que profundiza el ajuste y deja a la economía nacional a merced de los mercados especulativos.
Con esta doble media sanción, el Gobierno de Javier Milei avanza en su agenda de desregulación financiera y fiscal, mientras desde el kirchnerismo se alerta sobre el impacto social de estas decisiones. La ampliación del blanqueo no solo beneficia a quienes tienen capitales no declarados, sino que también erosiona la base de recursos que necesita el Estado para garantizar educación, salud y derechos humanos. En este contexto, el Senado deberá ser un muro de contención para evitar que estas políticas concentradoras se consoliden.
