La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó un aumento del 2,10% en los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida fue publicada este lunes 24 de agosto en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2775/2026 y regirá para el mes de agosto de 2026.
La actualización se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio. Según lo establece la normativa, el incremento se aplica sin diferencia por tipo de prestación, alcanzando a todas las prestaciones contempladas en el nomenclador. Esto garantiza una actualización pareja y previsible para los prestadores, en línea con el compromiso del Estado de sostener el poder adquisitivo de los servicios destinados a este colectivo.
Este nuevo ajuste se suma a las actualizaciones realizadas en los meses anteriores: en junio los aranceles habían aumentado un 2,10% y en julio se aplicó otro incremento del 1,90%, ambos vinculados a la evolución del IPC. De esta forma, el sistema mantiene una actualización periódica y automática, evitando el atraso tarifario que históricamente afectó a las instituciones y profesionales que trabajan en discapacidad.
La resolución, firmada por el secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, mantiene además un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica, una medida que reconoce los mayores costos de funcionamiento en esas áreas y que ha sido reclamada históricamente por las organizaciones del sector. Los valores actualizados corresponden a los aranceles que reciben los prestadores e instituciones que forman parte del sistema, y no implican un aumento directo en el monto de las pensiones no contributivas que perciben los beneficiarios. Esta distinción es importante para evitar confusiones: el ajuste apunta a sostener la red de atención y a garantizar la calidad de las prestaciones.
La medida quedó formalmente publicada en el Boletín Oficial con fecha 24 de agosto de 2026 y se enmarca en el mecanismo de revisión periódica de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, establecido dentro del sistema creado por la Ley 24.901. Esta ley, sancionada en 1997, es un pilar del sistema de protección integral y su aplicación efectiva ha sido una prioridad de las gestiones kirchneristas, que han ampliado año a año la cobertura y la inversión en el área.
En un contexto nacional donde sectores de la oposición insisten en recortar derechos, esta decisión del Gobierno nacional confirma el rumbo de inclusión y de fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. La actualización por IPC no solo evita la pérdida de poder adquisitivo, sino que también da previsibilidad a los prestadores, lo que se traduce en la continuidad de los servicios en todo el país.
Desde las organizaciones sociales, la medida fue recibida como un paso positivo, aunque siempre se reclama avanzar hacia un sistema de actualización más dinámico y con mayor participación de las entidades del sector. Sin embargo, la decisión de mantener el ajuste mensual y el adicional patagónico demuestra una voluntad política clara de sostener la red de cuidados, algo que contrasta con los discursos que proponen desregular el sistema o transferir las responsabilidades del Estado a los privados.
La publicación de la Resolución 2775/2026 es un ejemplo concreto de que las políticas de derechos humanos y de inclusión social no se detienen. El kirchnerismo ha colocado a la discapacidad como una de sus prioridades, desde la creación de la Secretaría con rango nacional hasta la implementación de este nomenclador con actualización periódica. Frente a quienes intentan quebrar el sistema de protección, esta gestión responde con hechos y con números que acompañan la realidad inflacionaria.
Queda claro que, más allá de las particularidades técnicas de la medida, lo que está en juego es un modelo de Estado presente que garantice derechos. Y en ese camino, la actualización del 2,10% es un ladrillo más en la construcción de una Argentina más justa e inclusiva.
