En una nueva avanzada privatizadora, el Gobierno nacional adjudicó este jueves ocho corredores viales a empresas privadas por un plazo de veinte años. Mediante la Resolución 1379/2026, se transfieren más de 3.900 kilómetros de rutas que serán financiadas con el cobro de peajes a los automovilistas. Con esta decisión, ya son más de 9.000 los kilómetros entregados al sector privado en todo el país.
Esta medida profundiza el desguace de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que hasta ahora gestionaba las trazas. Las concesiones alcanzan a los corredores Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo, que atraviesan provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
Las empresas adjudicatarias tendrán a su cargo la construcción, reparación, ampliación, conservación, explotación y atención de los usuarios. Esto implica que, por dos décadas, un negocio estratégico para la conectividad y el desarrollo productivo quede en manos de privados, con el consecuente riesgo de que las tarifas se disparen en desmedro de los bolsillos de los ciudadanos.
Según consta en la resolución, las ofertas ganadoras propusieron tarifas de referencia que van desde $1.399 hasta $3.564,99 sin IVA, según el corredor. Si bien esos valores no son los que se aplicarán de inmediato, marcan una tendencia clara hacia un encarecimiento del uso de la red vial. Mientras tanto, la Nación mantendrá solo las funciones de regulación y fiscalización, un rol que históricamente ha sido débil cuando se prioriza el lucro por sobre el servicio público.
Un dato relevante para la provincia de Buenos Aires es que las concesiones no incluyen tramos bonaerenses, lo que significa que los usuarios de las rutas provinciales no sufrirán los efectos de esta entrega. No obstante, la decisión del Gobierno nacional sienta un precedente peligroso: la lógica de ajuste y transferencia de responsabilidades al sector privado sigue avanzando sin debatirse en el Congreso y sin que se garantice la calidad del servicio ni la protección de los trabajadores del sector.
