Con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La votación se realizó pasada la medianoche, después de más de cuatro horas de debate, y ahora el proyecto deberá ser tratado por el Senado.
La iniciativa busca dar continuidad al sistema ante el vencimiento de la Ley de Emergencia, previsto para fin de año. El texto fue acordado por La Libertad Avanza, bloques aliados y sectores de la oposición. En la negociación se incorporaron planteos de organizaciones del colectivo, un paso que permitió alcanzar una mayoría de dos tercios.
El proyecto sostiene la pensión no contributiva por discapacidad en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima, con actualización según el índice de precios. También mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso y crea un nomenclador universal, con aranceles unificados para las prestaciones incluidas en la ley 24.901.
La pensión seguirá siendo compatible con el empleo formal si los ingresos no superan los dos salarios mínimos vitales y móviles. Además, se garantiza el acceso al Programa Incluir Salud para quienes reciben esas pensiones. El Poder Ejecutivo deberá cancelar en 90 días las deudas con prestadores y presentar un cronograma de pago durante los primeros 30 días.
Las auditorías previstas se realizarán mediante el cruce de información de ANSES, RENAPER y SINTyS, y deberán contemplar un debido proceso inclusivo.
El exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, autor de la ley de emergencia, analizó el proyecto en una entrevista con Radio Universidad. El actual docente universitario afirmó que el nuevo texto recupera aspectos que el oficialismo había demorado, aunque planteó dudas sobre su cumplimiento.
Arroyo sostuvo que los valores vigentes vuelven inviable el sistema. Como ejemplo, señaló que un acompañante terapéutico cobra alrededor de $4.600 por hora y recibe el pago a 120 días, mientras que a un transportista se le reconocen $970 por litro de nafta, cuando el precio en surtidor supera los $2.500. Según explicó, por esa situación tratamientos previstos para cinco días terminan realizándose solo dos.
También cuestionó que, un mes antes, el Gobierno enviara un Presupuesto 2027 con un capítulo que eliminaba el CUD como acceso directo, volvía absolutamente incompatible la pensión con el empleo y derogaba el arancel único. Luego, indicó, presentó un proyecto muy similar a la emergencia que había sido vetada pese a contar con el respaldo del 80% del Congreso.
«Esperemos que esta vez sea de verdad», expresó Arroyo. Dijo que, después de tres años de maltrato, cuesta creer en un cambio de rumbo y reclamó modificar el Presupuesto para incorporar partidas específicas del Ministerio de Salud que garanticen recursos. «No se aguanta más otra decepción. El nivel de deterioro es muy fuerte», sostuvo, al describir a madres y padres de personas con discapacidad que recorren oficinas sin obtener respuestas.
La negociación del oficialismo estuvo encabezada por las diputadas Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo, junto con Nicolás Mayoraz. La propuesta recibió el apoyo de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y bloques provinciales. Unión por la Patria la acompañó después de que se sumaran garantías de cobertura de salud, asignaciones familiares y protección ante bajas arbitrarias.
La izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas. Diputados cordobeses votaron en contra al considerar que no se había escuchado a los protagonistas. Tras la media sanción, el Gobierno buscará convertir el proyecto en ley y reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente.