Miguel Saredi cuestionó el discurso oficial sobre la seguridad en Rosario tras la muerte del agente federal Rodolfo Arnaldo Manfredi, y advirtió que la violencia ligada al narcotráfico todavía persiste en la ciudad. "Se vendió una pacificación que no existía mientras los policías seguían exponiendo sus vidas todos los días", afirmó.
El fallecimiento de Manfredi y las graves heridas que sufrió el cabo Emilio Gómez Villafañe confirman una realidad que, pese a los discursos oficiales que exaltaron mejoras en la seguridad, nunca desapareció realmente en Rosario.
En la madrugada, efectivos de la Policía Federal fueron atacados a tiros dentro de Villa Banana, una zona históricamente compleja, cuando intentaban identificar a un grupo de sospechosos. Manfredi, de 30 años y padre de dos hijos, murió en el lugar, mientras que Gómez Villafañe permanece internado en terapia intensiva tras recibir un disparo en el tórax.
Este hecho contradice las declaraciones oficiales y el plan "Bandera", que aseguraban una disminución de la violencia en la ciudad. Sin embargo, vecinos y policías reconocían que los hechos violentos continuaban habitualmente.
"Rosario nunca dejó de ser peligrosa. Hubo una construcción política para instalar que el problema estaba controlado, cuando en realidad los hechos violentos seguían ocurriendo todos los días", señaló Saredi.
Numerosos episodios de violencia y balaceras quedan fuera del foco público, limitados a reportes policiales o alertas de vecinos, mientras la violencia cambia y reaparece cuando el Estado disminuye su vigilancia o prioriza la propaganda sobre la gestión real.
También han trascendido denuncias internas de agentes que forman parte del Plan Bandera, que apuntan a hostigamiento laboral, presiones indebidas, amenazas de sanción y cuestionamientos a decisiones operativas, lo que genera malestar en las fuerzas desplegadas en Rosario.
Saredi destacó que no alcanza con enviar más patrulleros o personal, sino que es indispensable garantizar "condiciones operativas adecuadas, respaldo institucional y respeto por quienes ponen el cuerpo a diario".
En este contexto, la muerte de Manfredi plantea cuestionamientos sobre la planificación y conducción de las tareas: si se evaluaron correctamente los riesgos, si se brindaron las condiciones necesarias para actuar en una zona de alta complejidad, si se atendieron las advertencias del personal y si hubo errores que deban ser investigados.
Estas preguntas no implican acusaciones sino una obligación de transparencia y profundidad en la investigación. Cuando un servidor público muere en cumplimiento del deber, el Estado debe esclarecer cada detalle.
El autor destaca que Argentina necesita recuperar autoridad frente al crimen organizado, con diagnósticos reales, políticas sostenidas y protección efectiva para los agentes que enfrentan la delincuencia.
Finalmente, subraya que la sociedad merece conocer la verdad completa porque "Rosario nunca dejó de ser un desafío para el Estado" y aunque se intente reemplazar la realidad por relatos políticos, la realidad termina imponiéndose, esta vez con consecuencias trágicas.