Vecinos y comerciantes de La Tablada manifestaron su malestar por la colocación de nuevas cámaras de control de tránsito y advierten que la medida podría tener un fin más recaudatorio que preventivo. Reclaman, en cambio, que el Estado invierta en obras, señalización y campañas de concientización.
La decisión de instalar dispositivos de fiscalización electrónica en distintos puntos de la localidad despertó un fuerte debate entre los frentistas. Los equipos no solo detectarán el cruce en rojo y la invasión de la senda peatonal, sino que también controlarán la velocidad de los vehículos. Para muchos residentes, la ausencia de mejoras paralelas en la infraestructura y la falta de controles presenciales desnuda un enfoque centrado en la sanción económica.
“No puede ser que la seguridad vial se reduzca a una multa. Hace años que pedimos bacheo, iluminación en los cruces peligrosos y más presencia de agentes en las horas pico, sobre todo cerca de las escuelas”, expresaron vecinos durante el inicio de las obras de montaje.
El descontento se apoya en la idea de que la tecnología debe integrarse a un plan integral. Especialistas en tránsito citados en el debate local coinciden en que los sistemas automáticos tienen un efecto positivo comprobado en la reducción de siniestros viales —estudios internacionales muestran caídas de hasta un 30% en los accidentes graves donde se aplican correctamente—, pero subrayan que su eficacia depende de la transparencia, la adecuada señalización y la complementación con políticas de educación y prevención.
En la provincia de Buenos Aires, la normativa vigente exige que las cámaras estén homologadas, que los emplazamientos se señalicen de manera visible y que los procedimientos administrativos respeten todas las garantías para los conductores. Estas disposiciones buscan evitar abusos y asegurar que la fiscalización no se desvirtúe hacia fines meramente recaudatorios.
Los vecinos insisten en que la demanda de mayor seguridad no se agota en la sanción. Ponen el acento en la necesidad de recuperar el estado de las calles, reforzar la prevención en zonas escolares y sostener campañas de educación vial que, según afirman, brillan por su ausencia. “Antes de poner más cámaras, que arreglen los pozos y nos den charlas en los colegios. Eso también salva vidas”, sintetizó una comerciante de la avenida principal.
La polémica de La Tablada refleja un dilema que se repite en distintos municipios: el equilibrio entre el control automatizado y la inversión en políticas de prevención. La discusión vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un Estado que no solo multe, sino que también construya las condiciones materiales para una circulación más segura, con infraestructura adecuada y una ciudadanía informada.