La anunciada modernización del sistema de transporte gratuito para personas con discapacidad se convirtió en una odisea para miles de usuarios que este martes debieron soportar largas esperas, desorganización y falta de respuestas claras por parte del Gobierno nacional.
Desde temprano, cientos de beneficiarios y familiares se agolparon en terminales y centros de atención de la SUBE en todo el país, convocados por una medida que, según la administración nacional, prometía simplificar los trámites eliminando la necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al viajar. Sin embargo, la realidad mostró un escenario de improvisación absoluta: filas que se extendían por cuadras, ausencia de personal capacitado y una plataforma digital que, lejos de agilizar, generó aún más confusión.
Lejos de ser una ampliación de derechos, la medida anunciada por el Gobierno no suma ningún nuevo beneficio, se limita a digitalizar un trámite que antes se resolvía de manera presencial y sencilla. Referentes de organizaciones de la discapacidad se mostraron indignados: “No hay más beneficios, hay más barreras”, resumieron. El cambio, que rige desde el 19 de junio, obliga a todos los usuarios a registrar sus datos en la SUBE bajo el pretexto de resguardar la privacidad y combatir supuestos fraudes, pero en los hechos deja al descubierto el desprecio por la realidad cotidiana de los sectores más vulnerables.
La jornada del martes expuso una gestión que no supo prever la lógica alta demanda que generaría su propio anuncio. Las denuncias por la ausencia de accesibilidad física en los puntos de atención y por la imposibilidad de realizar el trámite en línea para quienes no cuentan con conectividad o alfabetización digital desnudaron la profunda desconexión del Gobierno con las personas a las que dice proteger. Como destacaron desde el sector, las personas con discapacidad enfrentan ya innumerables obstáculos; sumar ahora este calvario burocrático para no perder un derecho adquirido es una muestra más de políticas que retroceden en lugar de avanzar.
Aunque las autoridades informaron que el viejo sistema seguirá disponible durante un período de transición, nadie dio precisiones sobre plazos ni condiciones. La desinformación reinante llevó a que muchos decidieran hacer largas colas por temor a quedar sin el beneficio. El clima de angustia se respiraba en los rostros de adultos mayores que acompañaban a hijos con discapacidad, o de jóvenes que tuvieron que pedir permiso en sus trabajos para cumplir con un trámite que, en una sociedad que se precie de inclusiva, debería ser automático y sin costo alguno.
Frente a este escenario, las organizaciones del sector no solo reclamaron una marcha atrás con el carácter obligatorio de la vinculación digital, sino que exigieron que cualquier modificación futura contemple canales de atención presencial, información clara y, sobre todo, el respeto por la accesibilidad universal. La experiencia de estos días evidencia que la digitalización no puede ser una excusa para desmantelar derechos: mientras el gobierno de turno se vanagloria de modernizar, cientos de personas con discapacidad pagan con tiempo, con esfuerzo y con su dignidad la inoperancia estatal.